La subirán, ¿o no? AMLO quiere regresar a subsidiar la gasolina
Controlar el precio de las gasolinas y diésel a través de la inflación implica destinar 200,000 mdp al subsidio y generar un hoyo en las finanzas públicas.
Ajustar el precio de los combustibles en función de la inflación, como lo pretende hacer la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), implica regresar al esquema de subsidios que se tenía en 2016 y, con ello, elevar el riesgo de afectar potencialmente las finanzas públicas del país y la inflación.
Carlos Urzúa, quien llevará las riendas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de AMLO, informó en días pasados que la gasolina sí subirá de precio de forma anual, pero solo en términos nominales y acorde con el incremento que registre el Índice Nacional de Precios al Consumidor ( INPC), con el cual se mide la inflación.
“Creemos que no puede haber movimientos abruptos en el precio de la gasolina. Estamos pensando en incrementarlo cada año por la inflación. En términos reales no aumentarán, pero en términos nominales, sí”, aclaró.
Ramses Pech, analista del sector de energía, dice que “controlar el precio de los combustibles es retroceder al esquema de subsidios que se tenía antes”, el cual hubiera costado más de 200,000 millones de pesos (mdp) en 2017 si no se hubiera iniciado el proceso de liberación de precios, según dijo en enero de ese año el presidente Enrique Peña Nieto.
Con este monto, dijo el mandatario, se financian cuatro meses de actividades del Seguro Social, dos años de Prospera y tres del Seguro Popular.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), el precio de las gasolinas está en función del petróleo, el costo de refinación, el almacenamiento, la logística y el tipo de cambio, que son fijados por los mercados internacionales y nacionales. Además, dice Pech, están los impuestos al Valor Agregado ( IVA) y Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que determina Hacienda.
Fijar el precio en función de la inflación implica dejar de lado los eventuales aumentos de los costos mencionados y generar un hoyo fiscal que puede lacerar las finanzas públicas al no ingresar recursos que podrían ser empleados para otros fines específicos, advirtió el especialista.
“¿Qué queremos? ¿Un mercado abierto o uno ficticio ajeno a la geopolítica energética?”, cuestiona Pech, quien advierte que retroceder al régimen de control de precios podría, además, desincentivar la inversión en petrolíferos, considerando que no producimos el total de la demanda del país y dependemos de las importaciones.
Para Issac Katz, catedrático del ITAM, la medida del nuevo gobierno echaría por la borda la competencia que se abrió entre marcas gasolineras que ya refleja beneficios para el consumidor.
Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de las 11,735 estaciones de servicio que hay en el país, 2,578 (22%) operan bajo nuevas identidades comerciales. En total son 26 marcas, incluida Pemex, las que compiten por el mercado.
Refinerías, una opción
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), considera que la modernización y construcción de refinerías, eventualmente abaratará
“Las refinerías sí son viables, son rentables, pero hay que pensar en modelos más pequeños, acordes con la demanda del mercado”.
Ramses Pech, analista del sector energético.
los costos de los combustibles, lo cual, si bien no se prevé de manera inmediata, terminará por beneficiar al consumidor mexicano.
En un mes, AMLO dará a conocer su estrategia para modernizar las seis refinerías del país (Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca e Hidalgo), que solo operan a 40% de su capacidad, y construir otras dos, en Campeche y Tabasco, que servirían para procesar petróleo crudo, con un costo unitario de 6,000 millones de dólares (mdd) a erogar en un plazo de tres años.
De acuerdo con Pech, es viable y positivo pensar en construir refinerías, pero estas deben ser modulares, es decir, de tamaño pequeño, e iniciar con una refinación de 30,000 barriles que vayan incrementando paulatinamente hasta llegar a 100,000. Esa es la tendencia, tan solo en Estados Unidos (EU), donde de las 141 refinerías que hay, 54% tiene esta característica.
Por otro lado, dice, la capacidad para refinar 300,000 barriles de la que habla López Obrador es poco viable. En Dos Bocas, Tabasco, no hay espacio para tal dimensión, y en Atasta, Campeche, no hay puerto. “Ambas requieren espacios amplios para almacenar los productos ante la falta de ductos y considerando que todo se mueve por carrotanques”, agrega Pech. Añade que estas refinerías sí deben construirse en el sureste del país, porque cuando se abra completamente el mercado, en estados como Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, el combustible será más caro, por la falta de infraestructura.
Además, sugiere que los privados absorban el riesgo de la inversión, considerando que para 2040 se espera una reducción de la demanda de hidrocarburos y un aumento del gas natural.
“Las refinerías sí son viables, son rentables, pero hay que pensar en modelos más pequeños, acordes con la demanda del mercado”, afirma.
Inflación
En relación con los ajustes para suavizar los precios de los combustibles, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) advirtió que una modificación de este tipo podría impactar en la inflación, provocando que la meta de 3% no se cumpla en 2019, como lo estimó meses atrás.
“Esto podría llevar a una mayor volatilidad y a una estacionalidad distinta del INPC”, según la minuta número 60 de política monetaria de Banxico, que se publicó días antes de la elección presidencial de 1 del julio.
Sin embargo, De la Cruz asegura que como diseñó el equipo de López Obrador los ajustes en los combustibles no se debería causar un impacto inflacionario, al menos no uno de dimensiones mayores, pues los aumentos siempre estarán acotados al incremento esperado para el año en curso.
Lo que sí es un hecho es que tras la preliberación del precio de la gasolina, en enero de 2017, este registró un crecimiento constante, que se acentuó en los últimos 11 meses, periodo en donde hiló una escalada alcista.
En junio, la inflación nacional rompió una tendencia a la baja de cinco meses consecutivos, debido al encarecimiento de los energéticos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI), el mes pasado la inflación anual de los energéticos llegó a 15.22%, es decir, más de tres veces la observada en todo el país: 4.65%.
En cuanto a las gasolinas, la de bajo octanaje (magna) registró una inflación anual de 16.78% y la de alto octanaje (premium), de 12.83%.
“Consideramos que el avance en el precio de los energéticos ha presionado los precios al consumidor y productor”, dice Alejandro Saldaña, analista de BX+.
La expectativa es que en lo que resta del año, se mantengan o suban aún más los precios, considerando que el barril de petróleo no bajará su costo y operará entre 70 y 75 dólares en los mercados internacionales.
Limitan afectación
El aumento que se observa en los precios de las gasolinas se da pese a que el gobierno federal aplica, desde 2017, un esquema para suavizarlo.
Para este año, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que el estímulo fiscal neto en materia del IEPS ascenderá a 107,816 mdp.
En el Presupuesto de Gastos Fiscales destaca que la subvención a los contribuyentes que importen y enajenen gasolinas, diésel y combustibles no fósiles será por 98,229 mdp, 46.6% más que en 2017, cuando empleó 67,000 mdp.
El incremento del beneficio fiscal se debe al encarecimiento del petróleo y la debilidad del peso, que son los determinantes del precio de las gasolinas y el diésel, argumentó la dependencia que comanda José Antonio González Anaya.
Estados, los perdedores
La calificadora Moody’s advirtió que este incremento al subsidio impactará de manera negativa los ingresos de estados y municipios, lo que se traducirá en menor liquidez y mayor deuda.
“El aumento de los subsidios es negativo en términos crediticios para los estados y municipios mexicanos, porque limitará el crecimiento de las transferencias federales no etiquetadas o participaciones, que se componen de varios impuestos federales, entre ellos el IEPS a la gasolina”.
Matthew Walter, analista de Moody’s, señala que las participaciones representan alrededor de un tercio de los ingresos totales de los gobiernos locales, en promedio. Un menor dinamismo en este rubro posiblemente incrementará las presiones de liquidez en el sector.
Todo indica que en menos de seis meses pasaremos de un esquema con beneficios fiscales para suavizar precios a uno totalmente controlado, que si bien evitaría los llamados gasolinazos, podría poner presión a las arcas públicas, que requerirán de muchos recursos para financiar los planes del futuro presidente.