Estado va en contra del Sistema Anticorrupción
Existe un acuerdo para aprobar con un mínimo de 28 votos esta normativa
Por no contemplar la figura de elección popular para el fiscal autónomo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón adelantó que interpondrá una controversia constitucional por el tema del Sistema Estatal Anticorrupción.
En entrevista, el mandatario estatal comentó que se encuentran analizando las aprobaciones que los diputados hicieron a dicho sistema y si ven alguna otra inconsistencia en los lineamientos secundarios, también reclamarán el caso. “Obviamente sí habrá una controversia constitucional porque no hay facultades (para vetarla), creo que eso es lo que podemos hacer, se las he externado a los diputados en el sentido de que sea la propia justicia la que nos dé la razón a nosotros o a ellos. “Como gobernador tengo derecho a revisar lo que hacen los diputados, estoy revisando y no puedo poner en riesgo una decisión, quizás de las más importantes que debemos de tomar en este proceso. “Creo que no pueden ser un grupo de notables quienes decidan el futuro de la procuración de justicia en el Estado, luego ser van a convertir en más despachos favoritos, cosa que estamos tratando de evitar, y que tiene que ser alguien que
Mandatario estatal critica que un grupo de notables decida la procuración de justicia
tenga que ver con un proceso”, refirió.
En este sentido, reclamó que sea solamente un grupo de personas los que tengan que elegir al fiscal Anticorrupción y no los ciudadanos mediante elecciones.
Amagan con superar veto
Aunque por un lado hablan de negociar con el gobierno, por el otro los diputados presumen que aunque haya veto, la ley saldría adelante.
El coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Samuel García, reveló que hay acuerdo entre todas las bancadas de aprobar con un mínimo de 28 votos, como se establece legalmente, para aplicar la Ley que Crea el Sistema Estatal Anticorrupción.
Incluso el legislador expresó que se trata de una decisión unánime y que si el gobierno pretender recurrir a la controversia constitucional, puede hacerlo, pero que eso se lleva más de dos años.