Suspenden a juez de casos Mexicana y Oceanografía
Felipe Consuelo Soto, juez federal que estuvo encargado de los concursos mercantiles de Mexicana de Aviación y la empresa naviera Oceanografía, fue suspendido seis meses por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informaron autoridades judiciales.
De acuerdo con las autoridades consultadas, el motivo de la sanción derivó de presuntas irregularidades detectadas durante el desahogo del concurso mercantil de la mencionada compañía aérea.
En febrero de 2012, a unas horas de que venciera el plazo que se fijó para declarar si procedía o no la quiebra de la empresa Mexicana de Aviación, el entonces juez decimoprimero de distrito en materia civil del Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, determinó suspender de manera indefinida el proceso mercantil.
A través de un acuerdo, emitido en el expediente 432/2010, el juzgador decidió dar el tiempo necesario para que se llevara a cabo el rescate de la aerolínea por el grupo Med Atlántica.
En su resolución, el juez señaló que era inminente la fi rma del convenio, debido al avance de las negociaciones.
Asimismo, días antes de tomar esa decisión, el juzgador señaló que los inversionistas que buscaban rescatar a Mexicana estaban siendo amenazados y espiados telefónicamente para no concluir la operación de compra, por lo que exhortó a quien era secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, a “respetar los derechos humanos” de los capitalistas y sindicalistas. Tras esa serie de decisiones, en agosto de 2012, Consuelo Soto fue removido temporalmente del caso de Mexicana por el Consejo de la Judicatura Federal.
El órgano de control interno de los jueces y magistrados federales dio a conocer que decidió reubicar al juzgador, mientras se tramitaban y resolvían los procedimientos administrativos de responsabilidad iniciados en su contra.
Felipe Consuelo fue enviado temporalmente al juzgado tercero de distrito en materia civil, donde le tocó conocer el concurso mercantil de la empresa Oceanografía, de la que fue propietario Amado Yáñez Osuna y que fue intervenida por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por un presunto fraude.