El proyecto económico de Maduro
La propuesta del presidente venezolano no aborda los asuntos claves del arbitraje de tipo de cambio e inflación
Las propuestas de Nicolás Maduro para reactivar la devastada economía venezolana no logran abordar los asuntos claves del arbitraje de tipo de cambio y la inflación, y probablemente hagan más daño que bien, advierten los analistas.
El presidente dio a conocer sus planes en un discurso a finales de la semana pasada ante la recién formada Asamblea Constituyente, y anunció ocho nuevas leyes que incluyen una ley de inversión extranjera.
Ofreció pocos detalles de la nueva legislación, pero si la experiencia pasada sirve de ejemplo, es poco probable que haga que los inversionistas extranjeros se abalancen para entrar a Venezuela.
Esa es la segunda ley de inversión extranjera que aprueba Maduro en menos de tres años —difícilmente es una receta para la estabilidad a largo plazo— y la primera, a finales de 2015, fue contraproducente. “Autorizó las expropiaciones, congeló las inversiones al obligar a los inversionistas a mantener su capital al menos durante cinco años, dijo que cualquier litigio tiene que pasar por los tribunales locales y eliminó la Oficina del Superintendente de Inversiones Extranjeras”, dijo Leonardo Vera, profesor de economía de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. “Fue un verdadero desastre”.
Años de una mala administración económica y expropiaciones significan que muchas empresas extranjeras se alejaron de Venezuela, a pesar de las potenciales riquezas en los sectores petrolero, minero y agrícola.
Aunque algunas compañías petroleras, como Chevron, Shell, ENI, Repsol, Schlumberger y Halliburton, mantienen sus operaciones en el país, la nueva inversión extranjera directa se desaceleró a casi nada, y son los rusos —sobre todo la petrolera Rosneft— los que se encuentran entre los pocos que todavía están dispuestos a invertir.
Para 2014, el último año en el que hay cifras disponibles, el monto de la inversión extranjera directa de Venezuela tuvo un valor de solo 6 por ciento del producto interno bruto, por mucho la cifra más baja en América Latina. En 2001, poco después de que el país se embarcó en su revolución populista de izquierda, esa cifra era de 32 por ciento. “Ninguna ley ayudará a atraer y proteger la inversión extranjera en un país donde el gobierno de manera habitual viola la propiedad privada, donde el Estado controla los precios y donde el sistema de tipo de cambio se utiliza como herramienta política para intimidar al sector privado”, dijo Raúl Gallegos, analista en Venezuela de la consultora Control Risks.
Otra de las nuevas leyes de Maduro busca impulsar el sector minero, que tiene el potencial de ser una fuente lucrativa de ingresos. Venezuela tiene oro, diamantes, hierro, cobre, coltán y otros minerales. El gobierno designó un área alrededor del río Orinoco como una “zona de desarrollo de minería” y dice que quiere impulsar la exploración en pequeña escala en ese lugar para ayudar a sacudir la dependencia que tiene el país en el petróleo.
La zona es de más de 110 mil kilómetros cuadrados —más grande que Portugal— y ocupa 12 por ciento del territorio venezolano, pero hasta el momento ha producido solo unas cuantas toneladas de oro.
La ley que se anunció la semana pasada busca darle a las empresas que operan en zona exenciones fiscales, acceso preferencial a las instalaciones de importaciones y exportaciones, y otras medidas. Vera señaló que el presidente propuso una nueva ley de minería sin el permiso de un Parlamento electo democráticamente, como lo requiere la Constitución, mientras que Gallegos dijo que está muy escéptico de que la ley pueda conducir a un crecimiento notable en la minería. “Durante años el gobierno prometió desarrollar los sectores agrícola y de minería, pero nunca realizó acciones reales para hacerlo”, dijo. “Estas leyes funcionan y seguirán funcionando como propaganda, pero no lograrán ofrecer un marco real de desarrollo para ninguno de los dos sectores”.
Otras leyes propuestas por Maduro probablemente sean de mayor interés para los venezolanos que para los inversionistas extranjeros. Éstas incluyen el compromiso de regular las casas de cambio extranjeras, aumentar los impuestos a los ricos y fijar los precios máximos para la venta de 50 productos de consumo, entre ellos la leche, la harina, el pollo, el atún, la mantequilla, el queso, el jamón y el jabón. “Si las nuevas reformas mejoran la distribución de los alimentos, eso sería de una gran ayuda”, dijo Mark Weisbrot, codirector del Centro para la Investigación Económica y Política, un recinto de expertos en Washington. “Pero es difícil imaginar una recuperación económica bajo el sistema actual de tipo de cambio, ya que es la principal causa de la espiral de inflación, depreciación que plaga la economía desde 2012”.
Desde hace mucho tiempo el gobierno dejó de publicar los datos de la inflación y, a falta de cifras oficiales, el Parlamento, bajo control de la oposición, produce sus propios datos. Mostraron que la inflación mensual alcanzó 34 por ciento en agosto, el aumento mensual más grande en registro.
Desde principios de año la inflación fue de 366 por ciento. Torino Capital, un banco de inversión de Nueva York especializado en América Latina, dice que los incrementos de precios año con año alcanzaron 649 por ciento a finales de julio y que, si se mantienen, la inflación anual en 2017 será de 1,355 por ciento, con el riesgo de una hiperinflación totalmente desarrollada el próximo año.
El banco de inversión Torino Capital estima una inflación de 1,335% este año en Venezuela