La SEP y Colegio de Ingenieros definen reglas para dictámenes
Amás de una semana del sismo de 7.1 grados que afectó diversas zonas de la Ciudad de México, algunos de sus habitantes prefieren no regresar a sus hogares ni volver a clases, pues desconfían de los dictámenes sobre el estado de sus construcciones y de los peritos que los elaboran.
La Unión Nacional de Padres de Familia denunció ayer que supuestos peritos han tratado de aprovechar la situación y realizan cobros mayores a los que comúnmente se establecen.
Además, Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles A C, pidió que se realicen revisiones más amplias, profundas y detalladas antes de retomar clases, así como una investigación para saber si hubo omisiones graves de las autoridades en la construcción de inmuebles.
Al respecto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que se trata de “una opinión” respetable, pero llamó a la prudencia, la calma y a ser muy responsables para no generar confusión o preocupación en un momento muy delicado.
Puntualizó que la inspección que se realiza en las escuelas públicas y privadas para emitir el dictamen de seguridad estructural se hace de manera coordinada y con calidad entre el Gobierno de la Ciudad de México, las administraciones locales, la SEP y los directores responsables de obra (DRO), que cuentan con el acompañamiento del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Anunció que el gobierno capitalino asignará a partir de hoy a 30 directores responsables de obra exclusivos para la inspección de escuelas públicas y fijará reglas para evitar el abuso en el cobro de los dictámenes para las instituciones privadas.
Nuño reveló que habló con Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, sobre las quejas por abusos en los cobros de DRO a escuelas privadas, que llegaron a 40 mil pesos, con lo que el gobierno capitalino dará a conocer un mecanismo que permita un esquema transparente.
Autoridades de la SEP y brigadistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México AC recorrieron escuelas públicas y privadas de la ciudad para clasificar la condición en que se encuentran los inmuebles. Alrededor de 870 colegios públicos resultaron con algún daño, y de estos, 20 tendrán una intervención mayor. En otro caso, el parque El Salado, ubicado en la calle Isabel la Católica, esquina Diagonal 20 de Noviembre, recientemente remodelado se convirtió en un albergue “austero y con carencias” para más de 45 familias que perdieron su inmueble en el sismo.
A una cuadra hay un inmueble de tres pisos y 10 departamentos que ha sido desalojado por más de 20 personas. Vecinos denuncian que autoridades de Protección Civil no han llegado a hacer el dictamen de seguridad estructural, pese a que lo han pedido en cinco ocasiones.
Denunciaron que presuntos integrantes de brigadas del Gobierno de la Ciudad de México han intentado, por la noche, “ayudar a desalojar”, pero carecen de identificación.
En la calle de Tokio, en la colonia Portales, los vecinos esperan que las autoridades autoricen la demolición de una de las tres torres para que las otras sean apuntaladas y puedan regresar a sus actividades normales.
Desde el sismo de 1985, el edificio marcado con el número 517 quedó dañado y siguió habitado sin que se hicieran las remociones correspondientes.
Ayer la STPS informó que a 9 días del sismo han recibido 931 denuncias sobre centros laborales con algún tipo de afectación.
Debido a ello, personal de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo ordenó la restricción de acceso en 33 empresas y otros lugares de trabajo.