Diputados apoyan ampliar penales; CEDH, bloqueada
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Álvaro Ibarra, diputado federal del PRI, anunció que apoyarán la gestión de 900 millones de pesos para el proyecto estatal de ampliar los centros de readaptación.
Expresó que no tiene duda que se requiere un nuevo penal, como lo citó el vocero de seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, pero señaló que el propio gobierno optó por la opción de ampliar uno de los ya existentes. “No hablan de un nuevo penal, hablan de una reestructura de un penal para ampliarlo. Hablaron con nosotros que estamos metidos en el tema de seguridad para ver si podíamos apoyarlos con un recurso para ampliar un penal. No conocemos el proyecto, quedaron en el Gobierno Estatal de presentárnoslo. Que no tengan la menor duda que nosotros vamos a buscar esos recursos, sí es viable, lo vemos viable”, declaró.
Por su parte, el diputado local priista, Héctor García también coincidió con Aldo Fasci, en que se debe de construir un nuevo penal, sin embargo deben de definir qué van a hacer con la situación que tienen actualmente.
Comentó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debe de hacer un llamado para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envíe un supervisor para revisar la situación de los penales y tener claridad de lo que está pasando. “Desde hace años se sabe que Nuevo León necesita un nuevo penal y con otro tipo de ins- talaciones, donde los reos no peligrosos estén en la ruta de la inserción, los reos peligrosos estén separados, las mujeres estén en otra área con sus hijos, las que los tienen. “Sí se necesita otro penal, pero pensaría de inmediato en qué voy a hacer con lo que ya tengo, y eso no lo están haciendo, están echándole la culpa sólo a la sobrepoblación de reos, cuando en realidad los problemas de fondo son la falta de una adecuada operación con lo que se tiene”, declaró.
Para revisar el funcionamiento de los centros de readaptación, consideró que se puede designar una comisión mixta compuesta por la CIDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía Anticorrupción estatal, además de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Hay que ver si están siguiendo los protocolos de seguridad en los penales que también tiene que ver con un tema de responsabilidades a los funcionarios. Yo creo que puede ser una comisión mixta”, declaró el congresisita en entrevista.