Descarta el tricolor que haya un fasttrack

El Senado mandó hasta la otra semana la discusión de la ley de seguridad interior; sin embargo, inició la revisión de la minuta enviada por los diputados con las organizaciones sociales que se oponen, así como con el Ejército, que defendió el proyecto y desmintió que se busque militarizar el país, al afirmar que la milicia no busca asumir funciones de policía, pero tampoco puede quedar con las manos amarradas para apoyar a la autoridad como algunos pretenden. “Si el asunto ya se declaró que es un problema de seguridad interior, y que se requiere a las fuerzas armadas, ¡pues se requiere a las fuerzas armadas!, no a un remedo de ellas a la que les vamos a quitar sus cuestiones”, advirtió el director jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos.

En un mensaje poco usual de casi una hora ante las comisiones dictaminadoras y organizaciones ciudadanas, representantes del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el general Ramos desglosó artículo por artículo de los 34 que impugnan los defensores de los derechos humanos y de víctimas.

Ante los representantes del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab y Alan García; el jurídico de la CNDH, Rubén Pérez, así como líderes de organizaciones, entre ellos María Elena Morera, el general Ramos rechazó que se pretenda militarizar el país, como se señala.

Refirió que si hay un “comandante” en la ley, es porque así lo determina la Constitución, y se trata del Presidente. De manera que no se puede hablar de ambigüedades, porque todas las funciones castrenses están contenidas en la Carta Magna y otras legislaciones”.