Municipios, impedidos para rentar inmuebles
Todavía hay dos problemas importantes a resolver con los municipios para que se adhieran a la política inmobiliaria de renta de inmuebles para telecomunicaciones, mismos que deben atenderse lo antes posible, dijo el subsecretario de Comunicaciones, Édgar Olvera. Ante los miembros de la Barra Mexicana de Abogados destacó que el primer problema es que los municipios no pueden cobrar la renta de sus inmuebles, pues la Ley de Coordinación Fiscal se los impide. “Es fundamental para ellos (los municipios) captar esos recursos, de lo contrario la reglamentación que se va a proponer desde la Federación no será aceptada; si ellos cobran se les dará el incentivo para que den los permisos de despliegue de infraestructura”, añadió.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya tiene un modelo de reglamento, uno de trámites y otro de requisitos, pero cuando se presentan ante los municipios la primera pregunta que hacen es si podrán cobrar o no.
Ante tal situación, el subsecretario destacó que se les debe convencer de que la derrama económica que obtendrán por permitir el despliegue de infraestructura puede ser mayor que el cobro por una licencia o un metro lineal de ducto.
Entre los beneficios que los municipios pueden lograr se encuentran tener o no servicios de telecomunicaciones, incluso con opciones de competencia; es decir, con más de un operador, además de la generación de empleo por el despliegue de la infraestructura e incluso albergar un centro de atención. “Además también se generan impuestos, que después vía participaciones federales regresan a los municipios; de ahí que el beneficio es mayor que solo cobrar; afortunadamente algunos municipios sí lo están entendiendo y en breve daremos noticias”, dijo Olvera.
El segundo problema, comentó, es que han detectado que algunos municipios tienen la intención de tener su C4 o C5 (centros de monitoreo para seguridad), por lo que contratan empresas que les proponen invertir un poco más y tender una red de fibra óptica para rentarla después a los operadores, lo que toman como oportunidad de negocio. “Sabemos que algunos municipios en Yucatán e Hidalgo ya tienen esas intenciones, pero les hemos expuesto que si bien es legal su inquietud, es mejor que permitan que entren las empresas a colocar su infraestructura y sobre esa ya se pueden conectar semáforos, cámaras de seguridad o lo que necesiten, en lugar de invertir o pagar una renta”.