BLINDA NUEVO LEÓN PROGRAMAS SOCIALES
Gobierno y CEE buscan evitar anomalías en el proceso electoral
El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social, realizó una firma de convenio entre la Contraloría y la Comisión Estatal Electoral (CEE) con la finalidad de blindar los programas sociales en la etapa de campañas electorales para evitar anomalías en el proceso.
En los patios del Palacio de Gobierno, la firma fue estampada entre el gobernador interino, Manuel González; Eugenio Montiel, secretario de Desarrollo Social,; Nora Cantú, contralora del Estado y Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la CEE.
En su intervención, Eugenio Montiel destacó que los programas sociales no pueden ser detenidos a los sectores vulnerables.
Sin embargo, criticó que en administraciones pasadas se daban irregularidades en las que funcionarios sacaban beneficios personales de dichos programas. “Con este instrumento manifestamos públicamente y a los demás poderes del Estado, la opinión pública y ante la Comisión Estatal Electoral, el compromiso irrestricto de este gobierno independiente surgido de la voluntad ciudadana por garantizar que los programas que en épocas pasadas eran frecuentemente empleados al servicio de campañas electorales, no sean sujetos y operados con este fin. “Con este acto, el Gobierno del Estado pretende dejar en claro lo contrario y esperamos que los demás sectores del gobierno lo hagan y establezcan la voluntad de sujetarnos a lo que la ley marca en este sentido y más aún por actuar irrestrictamente por las reglas que establezcan las autoridades electorales durante el periodo conocido como la veda electoral”, dijo.
Por su parte, Mario Alberto Garza Castillo resaltó que lo que debe blindarse son las actitudes y acciones de los funcionarios públicos para no sacar ventaja de ningún tipo previo a la jornada electoral de este año. “Creo que lo que implica este proceso de blindaje es justamente que el objetivo primordial de los programas sociales a cargo del ejercicio de la acción pública del Estado, no se desvirtúen, no le estamos apostando al inmovilismo del ejercicio de la acción pública, no tiene porque pararse los programas sociales. “Lo que sí tiene que blindarse, justamente es esa objetividad social que tienen esa digestión democrática, que esos programas cumplan sus cometidos y que no se utilicen por parte de ningún funcionario público a título personal para coaccionar las preferencias o las inversiones de votos para direccionarlas a favor de una tendencia o de una preferencia política, o para hacer publicitadas en términos de propaganda”, refirió.