Caen dos mandos de los penales tras protesta de presos
Rosa Manuela Félix dimite por “motivos personales”; asumió el cargo en 2017 El lugar de Genaro Sánchez lo ocupará Sergio Pérez Meléndez, subdirector jurídico Reclusorios en el estado no se privatizarán, se concesionarán: gobernador Ante crisis penitenciar
Ante la crisis penitenciaria que se vive en Nuevo León y de las protestas ocurridas el pasado viernes en los penales de Apodaca y Topo Chico, el Gobierno del Estado anunció modificaciones en el organigrama de la administración de los Centros de Readaptación Social (Ceresos).
A través de un comunicado de prensa se informó que Rosa Manuela Félix Valles, quien desempeñaba el cargo de comisaria general de la Agencia de Administración Penitenciaria, renunció por motivos personales.
En su lugar quedará Sergio Humberto Román Robles, como encargado del despacho de la Comisaría. Hasta este martes Román Robles laboraba como coordinador jurídico de la Agencia.
Además, Genaro Arturo Sánchez Vázquez fue cesado como alcaide del penal del Topo Chico. En su lugar quedará como encargado del despacho de la alcaidía, Sergio Javier Pérez Meléndez, quien se desempeñaba como subdirector jurídico de dicho Cereso.
El comunicado agrega que el Gobierno Estatal tiene un compromiso con la seguridad al interior de los reclusorios, así como por el respeto de los derechos humanos de los internos.
Félix Valles, titular de la Comisaría penitenciaria de Nuevo León, había ingresado al Gobierno Estatal el 24 de abril del año pasado, en sustitución de Juan Antonio Caballero.
Por su parte, Sánchez Vázquez entró el 1 de marzo de 2017, al suplir Pedro Muñoz Chícharo, capitán del Ejército y ex subdirector del penal del Topo Chico.
El pasado viernes, cerca de 300 reos de los penales del Topo Chico y Apodaca protestaron con mantas en las azoteas de los edificios, contra Rosa Félix y Genaro Sánchez, a la par de Jorge Salomé Bissuet.
Pese a las mantas en las que se leían quejas sobre el trato del personal y los hechos violentos a su interior, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, el general Arturo González, argumentó que la manifestación fue por la falta de atención médica. De la misma manera, agregó que no se habían activado protocolos para tratar de contener el incidente, pues los reos de los Ceresos los habían desactivado ellos mismos, y que cualquier cuestión se resolvería de manera interna.
Aunque algunas versiones apuntaban que la condena de los reos se trataba del traslado de algún recluso del fuero federal, la versión no fue confirmada durante el transcurso de la tarde noche de ese día por el secretario de Seguridad Pública.