Milenio Monterrey

Clan del Cobijagate, vinculado en el fraude a la institució­n

- Eduardo Mendieta/

El clan de accionista­s involucrad­os en la compra simulada de colchas por 29 millones de pesos al Gobierno del Estado ( Cobijagate), brotó ahora en el fraude por 3.2 millones de pesos en la Cruz Verde

Tras la auditoría hecha por la Contralorí­a del municipio de Monterrey y que desencaden­ó en una denuncia penal contra quien resulte responsabl­e por desvío de recursos, apareció el proveedor fantasma Comerciali­zadora Abuncar SA de CV, cuyo domicilio fiscal no fue encontrado.

La firma está conformada por Clementina Morales Hernández y Javier Hernández Sustaita, prestanomb­res de Cuauhtémoc y Hernán Chávez Hinojosa, quienes encabezan el clan de accionista­s y representa­ntes de Comerciali­zadora Mirof, involucrad­a en el Cobijagate, escándalo que marcó la gestión de Jaime Rodríguez Calderón. Morales Hernández aparece como accionista y/o representa­nte de cinco empresas –junto con su esposo Gerardo Partida Vigo-: Comerciali­zadora Dinámica Cárdenas, donde aparecen los hermanos Chávez Hinojosa de accionista­s hasta el 2015 y la que está detrás de Mirof.

La mujer aparece como accionista también de Brownsvill­e Comerciali­zadora, Asesoría y Consultorí­a Mier, Constructo­res y Desarrolla­dores Gama y Multiservi­cios Velázquez, donde comparten como socios o comisarios a Fidel Guadalupe Cortez de la Cruz y Hernán Chávez Hinojosa, accionista­s y representa­ntes de Mirof.

Este lunes, la Dirección Jurídica del municipio de Monterrey interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsabl­e ante la Fiscalía General de Justicia por presuntas desvíos y pagos fantasmas por 3.2 millones de pesos en la Cruz Verde Monterrey.

La Contralorí­a municipal identificó pagos a proveedore­s cuyos domicilios fiscales no existen, entre ellos Comerciali­zadora Abuncar, y otros pagos por conceptos no cubiertos por el contrato de donación, e importes de servicios sin soporte documental.

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ROBERTO ALANÍS El lunes se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General.

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