Recomendaciones de la CNDH Solo 2.5% de violaciones graves a derechos, de la Policía Militar
De las 163 advertencias emitidas contra el Ejército de 1990 a la fecha, cuatro son para esta corporación por actos de tortura, detenciones arbitrarias, retenciones y cateos ilegales e incomunicación de detenidos
El 5 de enero de 2016 una joven de 21 años estaba sentada en un piso de terracería, descalza, y con el rostro cubierto. Una mujer perteneciente a la Policía Militar le apuntaba con un arma en la cabeza.
—¿No le vas a decir? De una vez te mato… —la amenazaba. Estaban en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Ahí se implementaba el Operativo Especial Tierra Caliente. Elementos de la Policía Militar la asfixiaban con una bolsa de plástico amarilla. Ella lloraba, hasta que se quedó en silencio, dejó de moverse, y cayó al suelo.
—Pinche vieja dramática, si estás respirando, hija de tu puta madre, te digo que eres una mamada. ¿Ya te acordaste, o quieres más bolsas, o quieres más agüita? ¿O quieres toques? —se escucha la voz de una mujer.
Es un video que circuló en redes sociales y que formó parte de una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual derivó en una de las cuatro recomendaciones existentes contra policías militares por cometer actos de tortura, detenciones arbitrarias, retenciones y cateos ilegales e incomunicación de detenidos.
De las 163 recomendaciones emitidas por la CNDH contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de 1990 a la fecha, solo cuatro, 2.5 por ciento, corresponden a labores de seguridad efectuadas por la Policía Militar, con la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende conformar la Guardia Nacional, además de elementos de la Policía Naval y la Policía Federal.
En el caso de la Marina, la cifra de recomendaciones es de 53, pero ninguna ha sido dirigida a la Policía Naval.
Si su creación es aprobada en el Poder Legislativo, a la Guardia Nacional se sumarán elementos de la Policía Federal que, en ese mismo periodo de tiempo, han recibido 76 recomendaciones. De éstas, seis fueron por violaciones graves a los derechos humanos
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La recomendación 004/2017, del 27 de febrero de 2017, dirigida al entonces secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y al entonces comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, narra cómo en el caso de la joven de 21 años, detenida en Guerrero, elementos de la Policía Federal y Militar la sacaron de su casa junto con otras personas, sin que tuvieran una orden de cateo, es decir, de manera ilegal.
Y en vez de ponerla a disposición de las autoridades ministeriales, la trasladaron a instalaciones militares (Base de Operaciones 1) para después llevarla a una zona de terracería donde fue interrogada.
La CNDH documentó que tardaron 17 horas en ponerla a disposición del ministerio público, tiempo en el que “fue golpeada, desnudada, sometida a asfixia con una bolsa y recibió choques eléctricos, además de haber sido amenazada con la muerte de sus hijos y familiares”, se lee en la re- comendación de 110 páginas.
La comisión constató que los elementos policiales y militares incurrieron en falsedad de declaraciones.
Por estos hechos, según un comunicado del 5 de enero de 2016 de la Sedena, la entonces Procuraduría General de Justicia Militar ordenó la aprehensión de un capitán y un soldado de la policía militar, a quienes se les decretó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de delitos del orden militar.
La Comisión Nacional de Se-
guridad ha entregado pruebas de cumplimiento parcial de la recomendación. La Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado pruebas de cumplimiento parcial.
Otra de las recomendaciones emitidas por la CNDH está relacionada con la masacre de Villas de Salvárcar, ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 30 de enero de 2010 un comando acribilló a estudiantes del CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres plantel 9, y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que se encontraban en una fiesta.
La recomendación narra cómo el 3 de febrero de 2010 un hombre, que según las autoridades manejaba un auto con reporte de robo, salió de su negocio ubicado en Plaza Coral, en Ciudad Juárez, cuando fue detenido por elementos del Ejército, quienes lo acusaron de estar involucrado en la matanza.
La CNDH asegura que elementos del 7 Batallón de Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional cometieron hechos violatorios, como “retención ilegal, incomunicación, tortura y uso arbitrario de la fuerza a fin de obtener declaraciones incriminatorias”, con la participación de los funcionarios que entonces fungían como subprocurador de Justicia Zona Norte de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el director del centro de Reinserción Social Estatal en Ciudad Juárez y un agente de la Policía Ministerial Investigadora.
Al presunto implicado en la matanza no le permitieron comunicarse con su familia durante tres días, hasta que lo iban a trasladar al Cereso.
El 30 de agosto de 2011, la CNDH dirigió la recomendación 49/2011 al general Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional, para que se reparara el daño ocasionado mediante atención médica y psicológica.
La Secretaría de la Defensa Nacional entregó pruebas del cumplimiento total de la recomendación emitida por la CNDH, mientras que el gobernador del estado cumplió parcialmente con la atención a los señalamientos que se le hicieron. Se encuentra en trámite de cumplimiento.
La Secretaría de Marina ha recibido 53 observaciones, mientras que la Policía Naval, ninguna