Impuesto para los Uber
La Comisión del Transporte plantea que se cobre el 3%, mientras Desarrollo Urbano y Metropolitano quieren que se quede en 1.5%
Legisladora de Morena pide 3%; otros diputados, 1.5%
La presidenta de la Comisión del Transporte del Congreso del Estado, Julia Espinosa de los Monteros, anunció que ya tienen un documento o anteproyecto de la Ley de Movilidad, que contempla aplicar un impuesto a los taxis de plataforma digital, pero con un candado, para que no se le cargue al pasajero o al dueño o el chofer de la unidad.
La legisladora de Morena comentó que aún no logran ponerse de acuerdo los integrantes de las comisiones unidas en el monto del impuesto a aplicar a las empresas de las plataformas digitales, y en cuanto a quién debe de nombrar al titular del Instituto del Transporte, organismo que supliría a la Agencia Estatal del Transporte (AET).
Expresó que sus homólogos, Jesús Nava, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y Mariela Saldívar, de Desarrollo Urbano, plantean un impuesto del 1.5 por ciento de la Comisión que obtengan, en tanto que ella propone 3 por ciento.
“Ya se les hizo llegar este anteproyecto, o podemos decir documento integrador al diputado (Jesús) Nava y a la diputada Mariela (Saldívar) para que en los próximos días ya estemos revisando las consideraciones.
“Hasta ahorita tenemos ya 90 por ciento de este anteproyecto y es importante que en breve y en los siguientes días nos reunamos ya los diputados de las comisiones unidas para tomar las decisiones correspondientes en los temas que no hemos tenido algún acuerdo, para que ya tengamos esa Ley de Movilidad que necesita Nuevo León.
“Los puntos clave que tenemos ahorita es primeramente garantizar a los usuarios, a las personas, la Ley de Movilidad, también integrar en esto a las personas con discapacidad, eso es por un lado. Tenemos puntos en el tema de la regulación de las aplicaciones móviles, tenemos el análisis en el tema de la sobrerregulación de los taxistas, tenemos también análisis de la infraestructura que nos hace mucha falta para tener en Nuevo León la movilidad no motorizada”, dijo.
La legisladora expresó que además pretenden que la ley sea amigable con el medio ambiente.
Aclaró que sería bueno que se sometiera a aprobación en un segundo periodo extraordinario, es decir, no esperar que inicie el tercer periodo ordinario el 1 de septiembre.
Dijo que en el proyecto contemplan que se garantice que el transporte urbano cuente al menos con dos asientos para personas con discapacidad, y que esos espacios estén debidamente señalizados.
Piden que destituyan a Noé Chávez de la AET
Al considerar que viola el derecho humano de las personas tras realizar operativos en su contra, así como plantear un impuesto del 1.5 por ciento contra los taxis de aplicación móvil, Pedro Alejo Rodríguez, activista, acudió a la Secretaría Particular del Gobernador para pedir la sanción y destitución de Noé Chávez, de la Agencia Estatal del Transporte
(AET).
Acompañado de decenas de choferes, el activista argumentó que, de manera deliberada, el director de la Agencia realizó operativos en contra de vehículos inscritos en aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi, situación por la cual pidieron se ponga a disposición de la Agencia Especializada en Delitos de Servidores Públicos, para que se aplique una sanción al respecto.
“El señor Noé Chávez, al estar violentando de manera deliberada, junto con el gobernador, creando un terrorismo enfocado en la creación de un nuevo impuesto, violenta la ley, de tal manera que el señor Noé Chávez tiene que ser puesto a disposición de la Agencia Especializada en Delitos de Servidores Públicos por el mismo gobierno.
“Por otro lado, también vamos a dirigir un escrito al Congreso porque es facultad del Congreso, en su Artículo 108, pedir un exhorto al gobernador para que sea destituido de su cargo Noé Chávez”, explicó el activista.
Rodríguez calificó como un acto perverso la creación de un nuevo impuesto para las aplicaciones.
De igual forma criticó al gobernador y a los diputados al llegar a un acuerdo para aplicar dicho gravamen, ya que sostuvo, el que pagará las consecuencias es el usuario con las nuevas tarifas.
Adicionalmente, los quejosos alegaron que para ejercer el operativo y decomiso de unidades se debió necesitar una orden de un juez de control.