Linchamiento político

No se trata de defender “como sea y al costo que sea” al gobernador por algo que es indefendible, como lo es haber incurrido en delitos electorales, algo que está jurídicamente demostrado. De una defensa así, seguramente

se ocupan sus abogados.

Pero tampoco se trata de que, “como sea y al costo que sea”, El Bronco tenga que ser destituido por el Congreso, solo porque, además de que el repudio generalizado en su contra él mismo se lo ha ganado, con fines electorales, desde el Congreso se atiza el fuego para su linchamiento político.

De lo que se trata es de defender el Estado Democrático Constitucional de Derecho. No al gobernador; tampoco a quienes afilan los cuchillos largos. Indudablemente, solo en este modelo de estado es posible que florezca la razón, para que el poder no se pudra y solo sirva a los intereses de la mayoría.

En Nuevo León sigue vigente el artículo 106 de la Constitución local que dice: “El gobernador del estado solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el ejercicio de su cargo”.

Y, como es sabido, la relación entre una norma de jerarquía superior y otra inferior, como lo es una norma constitucional y una de cualquier ley, es una relación de determinación y obligación; la norma de jerarquía superior determina y obliga el sentido de la inferior. ¿Cómo la ven? Para qué buscar tres pies al gato si sabemos que tiene cuatro.

A los congresistas les sucede lo mismo que al hombre necio descrito por Sor Juana Inés: “¿Qué humor puede ser más raro/ que el que, falto de consejo, /él mismo empaña el espejo/ y siente que no está claro?”.

Si han sido los legisladores quienes por medio de prácticas corruptas crean leyes desdentadas; si desde los 90 del siglo XX se la han pasado diciendo que el gobernador ya no va a ser inmune, y el 106 sigue inamovible, ¿cómo ahora quieren que los tribunales hagan justicia si no les proporcionan leyes bien hechas?