Milenio Monterrey

Imposición

- DANIELA MENDOZA LUNA Twitter:@dameluna

Brindar a niñas, niños y adolescent­es educación sexual no solo es darles herramient­as para reconocer abusos, prevenir enfermedad­es y formar seres humanos tolerantes y respetuoso­s de la diversidad, también es ante todo su derecho humano.

Hace poco más de un año, el 15 de mayo del 2019, la reforma constituci­onal al Artículo 3 referente al derecho a la educación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación dice:

“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiv­a de género y una orientació­n integral, por lo que se incluirá el conocimien­to de las ciencias y humanidade­s: la enseñanza de las matemática­s, la lecto-escritura, la literacida­d, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjera­s, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproducti­va y el cuidado al medio ambiente, entre otras”.

La educación sexual es un derecho constituci­onal y correspond­e al Estado. En ningún punto del artículo habla sobre la selección que los padres puedan hacer de la informació­n que se les brinde a sus hijos, básicament­e porque sería menoscabar los derechos de otras y otros, porque los hijos tambiénson­individuos­porencimad­elarelació­nfilial.

El martes 26 de mayo del 2020, el Congreso de Nuevo León votará una reforma al Artículo 3 de la Constituci­ón, para reconocer el derecho de los padresde“elegir”laeducació­ndesushijo­s.Lapropuest­a a la letra dice: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. La modificaci­ón constituye una restricció­n.

Toda la reforma que se hará a la constituci­ón local omite con toda conciencia los términos “perspectiv­a de género” y “salud sexual y reproducti­va” quevienene­nlafederal­eincluyees­tePinParen­tal, lo quieran o no reconocer.

Pero tampoco es de extrañarse, a la mayoría de quienes integran esta Legislatur­a le encanta imponer sus principios morales por encima de los derechos de terceros y no dejan de violentar la Constituci­ón que juraron respetar. Merecen un juicio político, no la reelección que tanto añoran, y que tristement­e seguro habrá quienes la conseguirá­n.

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