Del intercambio de insultos hemos derivado al chantaje de expedientes, que ni siquiera terminan en actos de justicia
Hace unos días titulé una columna “¿De qué otra cosa podemos hablar?” para referirme a la imperiosa necesidad de seguir abordando la crisis de inseguridad pública y no olvidar a las víctimas de la violencia. Pero 48 horas más tarde, tras el escándalo del líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, el desafío es otro: ¿qué podemos hacer para no tener que estar hablando de Alito? No solo se trata de que el personaje resulta impresentable; eso lo sabíamos hace rato. El problema son los perjuicios cada vez mayores que provoca la “impresentabilidad” de este señor.
Los hechos están a la vista y han sido plenamente difundidos, en algo que pasaría por comedia si las consecuencias no fueran tan graves. Primer acto. En sucesivos martes mediáticos Layda Sansores, gobernadora de Campeche, da a conocer audios que dan cuenta de la insultante procacidad e inmoralidad del líder del PRI y ex gobernador de ese estado; en paralelo surge información sobre su riqueza inexplicable, que en realidad es perfectamente explicable a juzgar por las prácticas abusivas que esas conversaciones telefónicas revelan. La fiscalía de Campeche abre una averiguación e inicia el proceso para solicitar el desafuero de Alito, quien, por supuesto, está blindado por su investidura como diputado federal.
Segundo acto, la alianza formada por el PRI, el PAN y el PRD reitera su rechazo a lo que denuncian como “militarización” del país, tanto en lo que corresponde a la petición de trasladar la Guardia Nacional a la Sedena como a institucionalizar la presencia de los soldados en las tareas de seguridad pública, como pide el gobierno. Durante semanas juran que no cederán a las presiones. Sorpresivamente, una diputada priista cercana a Alito, y a contrapelo de sus colegas, presenta un proyecto que autoriza a los soldados a quedarse en las calles hasta 2028. Más sorpresivamente aún, otros priistas súbitamente se convencen de las bondades de lo que rechazaban unas horas antes.
Tercer acto. El presidente López Obrador agradece el patriótico cambio de parecer del PRI. Layda Sansores decide interrumpir las sesiones de divulgación de los pecados de Alito, y de manera simultánea los diputados de Morena expresan su desinterés en proseguir el proceso iniciado para desaforar al dirigente priista. Los líderes de los partidos del PAN y del PRD se dicen traicionados por el PRI y aseguran que tal burla pone en riesgo la futura alianza del bloque opositor en los comicios por venir.
¿Cómo se llamó la obra? Pobre país; Historia de una infamia; Lodo. Usted sugiera, se me ocurren peores, aunque impublicables. Pero al margen del título, la moraleja es terrible.
Primero, la sensación de que con esta clase política los destinos de la vida pública no se deciden en función de lo que pueda ser mejor para el país y los ciudadanos, sino por las necesidades de supervivencia in extremis de verdaderos rufianes. Sin duda, el protagonismo de los militares genera argumentos a favor y en contra que deben ser aquilatados. En lo personal, en este espacio he argumentado a favor de asumir una actitud realista y discutir alguna forma que lleve a institucionalizar el uso de los militares, sujetándolos a responsabilidades civiles, pero entiendo que es un tema debatible. El problema es que la decisión tomada por los diputados no esté relacionada con los méritos o deméritos de algo tan trascendente para la vida nacional, sino por la necesidad de un político de mantenerse fuera de la cárcel.