El drama de los desplazamientos internos
La semana pasada se llevó a cabo una visita oficial a México de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, en el marco de la cual se realizó una reunión de trabajo con la Suprema Corte sobre el acceso a la justicia y la protección de las personas desplazadas en nuestro país.
Los desplazados internos son una de las poblaciones más vulnerables e indefensas que existen. Pocos escenarios son tan dramáticos como tener que abandonar el hogar debido a un conflicto armado, una catástrofe natural, un brote de violencia, entre otras circunstancias que, si bien no implican cruzar una frontera internacional, colocan a las personas en situaciones extremadamente desafiantes.
Azotadas por la violencia y el miedo, las personas desplazadas se ven obligadas a dejar todo atrás. A romper lazos familiares, sociales y culturales; a sacrificar empleos sólidos y renunciar a oportunidades educativas; a atravesar escenarios de incertidumbre en los que sus derechos más elementales —salud, vivienda, identidad, libre circulación y vida— penden de un hilo, pues, con frecuencia carecen de condiciones mínimas incluyendo un techo, ropa, agua o medicamentos básicos.
En contextos en los que impera el crimen organizado, las personas desplazadas a menudo son objeto de persecución y amenazas a su integridad incluyendo desapariciones forzadas, violaciones, explotación laboral o sexual y ejecuciones arbitrarias. Por si fuera poco, estas poblaciones provienen comúnmente de sectores históricamente marginados, lo que acentúa su vulnerabilidad y la urgencia de brindarles protección inmediata.
A pesar de que este fenómeno ha cobrado visibilidad en la comunidad internacional, los desplazados internos enfrentan numerosas barreras para acceder a la justicia, incluyendo la falta de documentos de identidad, la desconfianza en las autoridades, y muy particularmente la inexistencia de servicios gratuitos de asesoría y representación jurídica para hacer valer sus derechos.
En el marco de esta reunión de trabajo, el Poder Judicial de la Federación reiteró su compromiso con la protección, promoción y defensa de los derechos de todas las personas; no solo a través de su labor jurisdiccional, sino como eje transversal a todas sus acciones.
Por un lado, gracias a un impulso sin precedente, hoy contamos con un cuerpo de defensores y asesores jurídicos federales que opera en más de 140 lenguas indígenas y en todas las entidades federativas, brindando servicios gratuitos de asesoría y defensa penal con perspectiva de género e interseccional y con sensibilidad social. En particular, hemos aumentado como nunca nuestra plantilla