Griñán, a un paso de la cárcel
Anticorrupción rechaza que se suspenda la ejecución de la condena de los ERE a 9 ex altos cargos de la Junta
El ex presidente del Gobierno andaluz y del PSOE José Antonio Griñán y otros ocho ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el caso de corrupción de los ERE están a un paso de entrar en prisión. Las defensas de los nueve condenados han desplegado toda la artillería legal posible para evitar que entren en la cárcel, pero no las tienen todas consigo.
La Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir que Griñán y los otros ocho ex altos cargos que cuentan con condenas de cárcel –de entre tres y siete años– ingresen ya en prisión para dar cumplimiento a la sentencia firme conocida el pasado mes de julio del Tribunal Supremo sobre los ERE, el mayor asunto de corrupción investigado nunca en el país por el volumen de fraude, que se eleva a 679 millones de euros.
En el informe presentado el pasado jueves ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de ejecutar el fallo firme, la Fiscalía se opone a la suspensión de ejecución de las penas, es decir, a aplazar el ingreso en prisión de los condenados hasta que se resuelvan los recursos y el Gobierno de Pedro Sánchez decida sobre las peticiones de indultos presentadas por las familias de Griñán y el resto «La corrupción es incompatible con un Estado de Derecho», advierte la Fiscalía de condenados con penas de cárcel. Ahora, tendrá que decidir la Audiencia de Sevilla. Las fuentes consultadas mantienen que será muy improbable que ésta se aparte de lo solicitado por el Ministerio Público, si bien la petición de la Fiscalía no es vinculante para los magistrados de la Sección Primera.
En un escrito de seis folios, la Fiscalía alerta sobre la gravedad de los delitos cometidos por los condenados en el caso ERE. «La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de Derecho», dice el representante del Ministerio Público.
En un estado democrático –continúa Anticorrupción– deben prevalecer principios como la «igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa», justo lo contrario a lo ocurrió con el saqueo de los ERE. Estos argumentos de la Fiscalía echan por tierra la defensa que destacados dirigentes del PSOE y del Gobierno de Sánchez han hecho de Griñán y de otros condenados, al asegurar que ninguno se había llevado ni un céntimo de euro del botín de los ERE y que no había «enriquecimiento personal» en ningún caso.
La senadora socialista Susana Díaz, ex presidenta de la Junta de Andalucía y ex secretaria general del PSOE andaluz, llegó a decir, tras conocerse la sentencia del Supremo, que «malversación, como tal, no significa que haya corrupción política» y reiteró que Griñán no se había llevado «ni un duro». El Gobierno andaluz presidido por Chaves repartió 679 millones de forma clientelar
El caso ERE, en cualquier caso, no versa sobre el supuesto enriquecimiento personal de los ex altos cargos, sino sobre el reparto clientelar y opaco que hizo el Gobierno andaluz del PSOE durante una década –entre 2000 y 2010– de casi 700 millones de euros, que salieron de la partida presupuestaria 31L, también conocida como fondo de
reptiles. El dinero iba destinado, en teoría, a trabajadores de empresas en crisis. El Ejecutivo andaluz ideó un sofisticado sistema para eludir todos los controles.
Otro motivo que esgrime la Fiscalía para negarse a la suspensión de la sentencia del caso ERE es que la duración de las penas impuestas –tanto de inhabilitación absoluta y como de prisión– son lo «suficientemente largas» como para que la posible concesión del indulto «no se vea frustrada por el inicio de las ejecuciones». Es decir que, si dentro de unos meses el Gobierno concede los indultos, en ningún caso los ex altos cargos habrían cumplida las condenas, de entre seis y siete años de cárcel y de hasta 19 años de inhabilitación.
Igualmente, la suspensión de una condena tiene un «carácter excepcional», pues el principio general es el que deriva del «interés público», que
reclama que las resoluciones judiciales de carácter firme se cumplan, detalla el informe de la Fiscalía.
Los ex altos cargos socialistas que Anticorrupción solicita que ingresen ya en prisión son, además de Griñán, los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el ex director general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez; y el ex el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez.
Anticorrupción reclama el mismo trato para los nueve condenados con penas de cárcel, a pesar de que uno de ellos –Juan Márquez– cuenta con tres años de prisión. Las condenas del resto son muy superiores y oscilan entre los seis años de prisión de Griñán y los siete de Fernández Viera y Vallejo.
EL CONSTITUCIONAL
En su informe, la Fiscalía argumenta que, en este caso, no se dan ninguna de las causas previstas en la doctrina del Tribunal Constitucional para aplazar el ingreso en prisión de condenados en firme por el Tribunal Supremo. Por ello, la única vía posible es que entren en la cárcel y cumplan sus condenas.
El ex presidente de la Junta, ex consejero de Hacienda y ex presidente del PSOE Griñán fue condenado a seis años de cárcel por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación por los ERE. La doctrina del Constitucional establece el límite en los cinco años de cárcel para poder aplicar la suspensión de la condena y eludir así el ingreso inmediato en prisión.
El pasado julio, Tribunal Supremo, en una sentencia de 1.205 folios, condenó a quince ex altos cargos por la trama diseñada por el Gobierno andaluz del PSOE en su «conjunto» sobre los ERE. De los quince, nueve –entre ellos Griñán– cuentan con penas de prisión de entre tres y siete años porque han sido sentenciados por malversación. Los otros seis sólo han sido sentenciados por prevaricación y, por lo tanto, sus penas son de inhabilitación. En esta situación está quien fuera presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años y ex presidente del PSOE Manuel Chaves. Estos seis ex altos cargos ya están cumpliendo su condena de inhabilitación.