Emiten orden europea contra Puigdemont
Abogado del destituido gobernante, aún en Bélgica, confirma que España pidió su detención y solicitará su extradición y la de cuatro ex consejeros
En otro episodio de la peor crisis política en España de las últimas décadas, Carmen Lamela, juez de la Audiencia Nacional, emitió una orden de detención europea contra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont, así como a cuatro de sus ex consejeros, dijo el abogado belga de éste a una televisora flamenca.
Cesado la semana pasada de sus funciones por el gobierno español de Mariano Rajoy, Puigdemont huyó a Bruselas y desoyó una convocatoria de la justicia de su país, donde ayer era esperado en Madrid por la magistrada para declarar. Según su abogado, apelará una eventual orden de extradición. “Acabo de recibir un mensaje de mi cliente de que efectivamente se emitió (una orden) contra el presidente y otros cuatro ministros que están en Bélgica”, dijo el letrado belga Paul Bekaert. “En términos prácticos significa que la justicia española presentará la solicitud de extradición a los fiscales federales en Bruselas”, agregó.
Interrogado acerca de si Puigdemont permanecerá en Bélgica, Bekaert respondió: “Por supuesto. Prometió cooperar plenamente con las autoridades belgas”. Bekaert indicó que si la solicitud de extradición es aprobada por un juez belga, su cliente apelará la decisión.
Asimismo, Puigdemont condenó la prisión preventiva impuesta contra más de la mitad de su antiguo gobierno a través de las redes sociales y con un video remitido a la televisión regional catalana. “El legítimo gobierno de Cataluña encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado por el parlamento de Cataluña”, escribió en Twitter.
El ex presidente catalán arremetió también contra “el clan furioso del 155”, en referencia al artículo de la Constitución que permitió su cese y el de sus consejeros, que según él desea la prisión de los miembros del que fuera su consellers El Banco de España advirtió que si no se soluciona la crisis en Cataluña, la región se expone a caer en una recesión económica y el crecimiento de España se reducirá en hasta 2.5 puntos del producto interno bruto (PIB) durante los dos próximos años, lo que en términos absolutos supondría que la riqueza de país dejaría de crecer en casi 30 mil millones de euros.
Esta situación, añade el organismo, “comportaría una reducción de cerca de 60 por ciento del crecimiento considerado en el escenario base para el conjunto de la economía española y una recesión de la economía catalana durante buena parte del horizonte analizado, como reflejo de que la perturbación gobierno hasta el 27 de octubre.
Carmen Lamela ordenó también la detención del ex vicepresidente regional Oriol Junqueras y de otros siete ex miembros del gabinete de Puigdemont, acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, aunque a uno de ellos, Santi Vila, ex consejero de Empresa, se le dictó prisión eludible bajo fianza de 50 mil euros ya que dimitió al cargo antes de la proclama ilegal de indepencia.
Así, Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), de incertidumbre considerada en los ejercicios anteriores afectaría de manera más intensa a esta comunidad autónoma”.
Un escenario de tensión política “más severo y prolongado”, desembocaría en “una recesión de la economía catalana durante buena parte del periodo analizado”, es decir desde finales de 2017 hasta finales de 2019, estimó el Banco Central en un informe. El crecimiento previsto para la economía española para ese periodo sería 60 por ciento inferior a las previsiones actuales, para un impacto de unos 2.5 puntos porcentuales. Meritxell Borràs (Cultura), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) fueron trasladados de inmediato a prisión, tras comparecer en el recinto judicial, citados por Madrid. Los hombres fueron llevados al centro penitenciario de Estremera y las mujeres (Bassa y Borrás) a la prisión de Alcalá-Meco.
La resolución coincidió con la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la más alta corte española, de búsqueda y captura de Puigdemont.
El fiscal reclamó a la magistrada una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), por lo que la policía belga estaría obligada a detener a Puigdemont y a sus ex consejeros. Por lo tanto, a partir de este momento comenzaría el plazo de 60 días para la extradición de los arrestados. Sin embargo, todo el procedimiento podría alargarse hasta un máximo de cien días.
Unas 20 mil personas acudieron ayer a la concentración convocada ante el parlamento catalán en Barcelona en defensa de los arrestados y en la que reclamaron la libertad de los que consideran “presos políticos”.