Pelean empresas de vales de despensa 20 mil mdp
Toka y Suven mantienen un pleito legal debido a que la segunda fue formada por ex empleados de la primera, la cual los acusa de fraude y operaciones con recursos ilícitos
El pleito legal entre dos empresas proveedoras del servicio de medios electrónicos de pago ocasionó que más de 250 mil empleados de 59 instituciones públicas en al menos ocho entidades del país se quedaran sin cobrar sus vales de despensa en la primera quincena de octubre.
Se trata de una denuncia interpuesta el 31 de marzo por Toka Internacional contra 13 ex empleados suyos que presuntamente le robaron para abrir dos empresas competidoras: Suven e Inntec.
Hoy, esas empresas son competidoras en el ramo de proveedores de vales de despensa a instituciones públicas de todo el país.
La acusación de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita que hizo Toka ante la Fiscalía General de Jalisco derivó en el aseguramiento de las cuentas bancarias de Suven, el 4 de octubre.
Con esto, se bloqueó la dispersión del dinero de los vales de despensa a las tarjetas de sus clientes, empleados de instituciones como la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, los ayuntamientos de Hermosillo, Guadalajara y Zapopan, así como la Secretaría de Salud de Jalisco y el Fondo de Cultura Económica, entre otras. Sin embargo, consultado por MILENIO y en respuesta a las acusaciones en su contra, José Antonio Pérez Juárez, abogado de Suven, aseguró que las acusaciones de Toka son falsas y forman parte de una campaña de desprestigio rumbo a la llamada licitacióndediciembre. En ésta, afirmó, las empresas del ramo se disputarán contratos para tarjetas de vales de despensa o bonos navideños en los que se dispersarán alrededor de 20 mil millones de pesos a empleados. “Cuando se acerca el escenario de la licitacióndediciembre, que tan solo hablando del nivel federal significa poco más de 20 mil millones de pesos. Toka, con el apoyo del despacho Gómez Mont y del corrupto fiscal general de Jalisco determinan asegurar los activos de las cuentas bancarias de Suven con la certeza de que no existía ningún delito, ninguna relación; ya la agencia del ministerio público que había ordenado el aseguramiento ya tenía en su poder el acta constitutiva de Suven y sabía que ninguno de los socios estaba vinculado a la denuncia penal y que ésta jamás se presentó contra Suven”, explicó Pérez Juárez.
Además de fraude, Toka también acusó a Suven de falsificar documentos financieros y de ofrecer fianzas sin tener garantías para poder pagarlas, pero el abogado
José Antonio Pérez, abogado de Suven, afirma que se trata de una campaña de desprestigio de Suven negó esa acusación.
Cuentas liberadas
Pérez Juárez informó que el 24 de octubre, la Fiscalía ordenó dar marcha atrás a la medida, pues no encontró indicios de que los socios de la compañía estuvieran relacionados con la acusación de Toka. El 26 de octubre se regularizó la dispersión del dinero a los empleados públicos, aseguró.
Sin embargo, de acuerdo con las acusaciones de Eduardo Villanueva, uno de los propietarios de Toka, cuando las dependencias intenten recuperar el dinero que usaron de otras partidas para pagar los vales de despensa, pudieran encontrarse con que no existen garantías para el pago de las fianzas, debido a que Suven, presumiblemente, mintió sobre sus recursos disponibles al momento de firmar los contratos. El abogado de Suven negó esa acusación.
La supuesta traición
De acuerdo con la denuncia de hechos y el relato de Eduardo Villanueva, los fundadores de Suven e Inntec fueron sus empleados y ocuparon cargos de alto nivel en dicha empresa, de la cual presuntamente extrajeron grandes cantidades de dinero, sin precisar el monto, mediante un esquema complejo.
La denuncia asegura que dos de esos ex empleados, Héctor Anaya y Tletl Sánchez, aprobaban reembolsos de supuestos cargos no reconocidos “sin mayor trámite” que provenían de tarjetas “clonadas”, que eran plásticos adicionales a los solicitados por los clientes y a las cuales se dispersaban recursos de manera ilícita para después gastarlos.