Confunden domicilio de Seido con el de FNS
El actuario del juzgado séptimo de distrito, Benjamín Colín León, no pudo llevar a cabo la diligencia que esperaba en la bodega de First National Security (FNS) en Cancún, porque el domicilio establecido en el requerimiento era el de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en Ciudad de México y no en el sitio del operativo.
Ayer, el actuario arribó a la bodega resguardada, donde solicitó a elementos de la Marina que custodian el lugar ingresar para la diligencia.
Pese a insistir en que “las autoridades ya fueron notificadas y solo se espera que den las facilidades para acceder”, el coordinador de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud de la Seido a cargo del resguardo del lugar, Óscar Manuel Soto Velázquez, negó el acceso. Algunas versiones señalaron que un juez levantó un acta por desacato contra la PGR “Les anticipo que el señor Óscar Manuel Soto Velázquez no otorgó las facilidades para llevar la diligencia. Estamos impedidos para llevarla a cabo por las restricciones al lugar en el que se encuentra”, informó Colín a los usuarios.
El motivo fue que la dirección que presentaba el oficio no correspondía con el lugar en que pretendía ejecutarse la diligencia por parte del actuario.
Pese al error, existen versiones que indican que el juez séptimo de distrito levantó un acta por desacato a la Seido y posiblemente este fin de semana intente volver a realizar la verificación de las cajas.
También se menciona que de rechazarse una vez más el acceso al inmueble, podrían acudir al apoyo de la Sedena y Marina.
Los abogados de los afectados señalaron que se trataba de un evidente desacato y que la mejor opción es que se solicite el auxilio de la fuerza pública.
Los usuarios que desde hace semanas esperan respuesta sobre sus cajas de seguridad y que insisten en no tener nada que ver con la investigación que encabeza la Seido insistieron en la necesidad de que se les devuelvan sus pertenencias.
MILENIO dio a conocer que los usuarios de las mil 500 cajas incautadas no cuentan con un contrato o seguro.