Vamos a ser virtuosos por decreto
Espero que lo de la “Constitución Moral” no sea un proyecto verdaderamente sustantivo de Obrador aunque también ha ocurrido que las presuntas ocurrencias de personajes, digamos, como Donald Trump terminen por transmutarse en políticas públicas, así de esperpénticas o de irrealizables como puedan ser. Para mayores señas, ahí sigue estando el tema del mentado muro: el hombre no suelta prenda y aunque no tenga manera de obligar a México a que pague su construcción ahora mismo amenaza con paralizar al Gobierno de su país si los miembros del Congreso no le autorizan los fondos para levantarlo.
El futuro presidente de México no tendrá siquiera este problema: contará con la anuencia prácticamente automática de las dos Cámaras para llevar a cabo sus designios y dispondrá entonces de un poder personal sin contrapesos: si le viene en gana ordenar la redacción de la tal Constitución podrá hacerlo; si de veras desea descentralizar la Administración, a pesar del enorme dispendio y del costo humano, se las apañará para que el Issste se mude a Colima y para que Economía despache en Monterrey; si se emperra en detener la edificación del gran nuevo aeropuerto de la capital mexicana, la obra no se llevará a cabo; y, finalmente, si realmente quiere que los llamados ninis reciban una paga mensual con cargo al erario, los jóvenes cobrarán tal estipendio.
No estamos hablando de fantasías imaginadas por sus adversarios políticos, señoras y señores, ni tampoco de negros propósitos que uno le pudiere suponer anticipadamente sino de planes que él mismo ha formulado en su momento, así fuere que las campañas electorales estén plagadas de excesos verbales, desplantes, promesas desaforadas, jactancias, provocaciones y retos. O sea, que señalamos meramente aquellos puntos de una agenda que Obrador ya ha esbozado y que nos resultan —a una minoría de nosotros porque millones y millones de votantes exhiben un gran entusiasmo por su triunfo electoral— un tanto inquietantes; entre ellos, justamente, el de la instauración de un texto constitucional que, supondríamos, implicaría la obligatoriedad de preceptos no restringidos ya a la vida pública sino insertados por fuerza en el ámbito de la sacrosanta soberanía del individuo. En fin.