Oposición rechaza cifra de muertos de Ortega
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó la posición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de reconocer solo 197 muertos, cinco de ellos universitarios, en las protestas, y no entre 317 y 448, según organismos humanitarios. “La verdad es que un muerto es demasiado. Debe cesar la violencia, no estamos hablando de mercancía”, dijo el representante de los empresarios en la Alianza, José Aguerri, a periodistas.
El gobierno de Nicaragua dio este miércoles, por primera vez desde el estallido social del 18 de abril, una cifra oficial de fallecidos de “197”, por debajo incluso de los 266 muertos fijados por la oficialista Comisión de la Verdad.
Las cifras oficiales también son menores a las de fuentes independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reporta 317; el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos con 305, y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, con 448.
La alianza negó también que los estudiantes muertos “sean cinco” y habló del “asesinato” de 137 alumnos. La alianza, que reúne a estudiantes, campesinos, empresarios y sociedad civil, condenó que el gobierno mantenga el discurso de que Nicaragua está “normal”, luego de proclamarse “victorioso” contra lo que ha llamado “intento de golpe de Estado”.
Para Aguerria, Nicaragua solo podrá aspirar a “estar normal” hasta que el gobierno tenga la “voluntad política” de volver al diálogo en pro de una salida pacífica a la crisis, con la mediación del Episcopado.
El diálogo persigue “el cese de la represión, la libertad de los presos políticos y la democrati- zación, que pasa por el adelanto de comicios (programados para 2021)”, recordó Aguerri.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas a la seguridad social y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, en el poder desde 2007, entre acusaciones de abuso y corrupción.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos responsabilizan a Ortega de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.