Reconocen labor del Sedif por fomentar la igualdad
La presidenta del Sedif, Dinorah López de Gali, reiteró su compromiso con los trabajadores
El gobierno de la República otorgó al Sistema Estatal DIF (Sedif), liderado por Dinorah López de Gali, la Certificación con Distintivo Color Oro de Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo que reiteró su compromiso con el pleno respeto a los Derechos Humanos de los trabajadores.
La presidenta del patronato destacó que se han realizado diversas acciones para que mujeres, hombres, personas con discapacidad y adultos mayores puedan incorporarse al organismo y obtengan puestos directivos en igualdad de condiciones.
Añadió que esta institución opera con una normatividad que prohíbe situaciones de exclusión, ya que, por ejemplo, no solicita prueba de VIH ni certificado de ingravidez para el ingreso, ascenso o permanencia en el empleo, además de que el personal cuenta con una defensora de los Derechos Humanos.
“Asimismo, otorgamos facilidades como los permisos de paternidad, cuidamos parentales en caso de enfermedad y servicios como el que ofrece el lactario, pues para esta institución, la familia siempre es lo más importante”.
María de la Paz López, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), reconoció la labor realizada por el Sedif, y resaltó que ha constatado el compromiso del gobierno de Puebla con la igualdad y la no discriminación por razones de género.
Destacó que el Distintivo Oro representa un avance mayor y señaló que esta cultura laboral impacta positivamente en la atención ciudadana y permea en el entorno en el que se desenvuelven los trabajadores.
Fernando Chiquini Barrios, socio fundador de la empresa de certificación y verificación Factual Services, dijo que el Sedif obtuvo la máxima calificación al promover la igualdad, la justicia y la dignidad. a teoría constitucional contemporánea ha consolidado la tesis de que la legitimidad estatal proviene de los derechos fundamentales de las personas.
Esta idea tiene un doble sentido. Supone que el sustento de legitimidad del Estado reside en el reconocimiento de un conjunto de derechos que imponen límites y vínculos al poder político. También implica que la legitimación de las políticas públicas depende de que éstas ofrezcan garantía efectiva a estos bienes jurídicos fundamentales. Esos derechos, entonces, son bienes jurídicos protegidos que adquieren la forma de libertades, potestades políticas y exigencias sociales. Un Estado constitucional y democrático se distingue de otras formas de organización sociopolíticas, precisamente, por el reconocimiento formal de esos derechos y por su garantía práctica.
De hecho, en el mundo contemporáneo, si un observador se propone determinar el grado de desarrollo humano de una sociedad determinada, deberá centrar su atención en el nivel de garantía efectiva que las autoridades ofrecen a los derechos fundamentales. Más allá de los que establezcan las normas constitucionales de dicha comunidad, en la dimensión práctica, lo que importa es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones. Cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen sus autonomía política y tiene sus necesidades básicas satisfechas; entonces, el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica. En cambio, en una sociedad en que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados tanto por las autoridades como por las particulares, la realidad será autoritaria, inequitativa, opresora. Por ello, el reconocimiento constitucional de los derechos es sólo un primer paso (relevante, pero insuficiente) para que el constitucionalismo de los derechos sea un rasgo distintivo de un Estado determinado. Sin políticas públicas y mecanismos de garantía que conviertan a los derechos en una realidad, el constitucionalismo no pasa de ser una buena idea.
México en muchos sentidos se encuentra atrapado en esa paradoja. A lo largo de nuestra historia constitucional los derechos de las personas han sido reconocidos de manera reiterada. Con formulaciones distintas (derechos humanos, derechos del hombre, garantías individuales) estos bienes fundamentales han constituido una promesa constitucional, pero también una realidad incumplida. Es verdad que, a partir del reconocimiento constitucional de las libertades fundamentales, de los derechos políticos y de los derechos sociales, se han desarrollado algunas políticas e instituciones de garantía, que han permitido constatar momentos de constitucionalismo democrático efectivo, pero los avances en esta dirección siguen siendo insuficientes. En esta materia, México es un país de claroscuros. Sin duda es un país más democrático que en el pasado, en que algunos derechos fundamentales de las personas cuentan con mayores garantías, pero también es verdad que los niveles de violación y desamparo de algunos derechos básicos (sobre todo de las personas más débiles en amplias zonas del territorio nacional) siguen siendo una marca característica del rostro de la sociedad mexicana.
Fuente: Carbonell, Miguel, Salazar Pedro (coordinadores); “La Reforma Constitucional de Derechos Humanos “Un nuevo paradigma-”; Editorial Porrúa, México, D.F., 2013. Págs. IX y X.