TRASCENDIÓ
: Que
contra los pronósticos, la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se haga el recuento total de votos de la elección de gobernador en Puebla fue recibida con beneplácito por la ganadora, la panista Martha Érika Alonso, y con críticas por el candidato de Morena,
Miguel Barbosa, quien dijo que el material ha estado bajo resguardo “de los mismos pillos”, es decir, los funcionarios del instituto comicial estatal.
Esa entidad, por cierto, tuvo otra sacudida ayer con la conclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza Luis Raúl González Pérez, relativa a que dos civiles, presuntos huachicoleros, fueron ejecutados por efectivos de la policía poblana y del Ejército, que perdió esa noche de mayo de 2017 a cuatro de los suyos en Palmarito.
: Que
quien puede colgarse como un triunfo el fallo del Tribunal Electoral encabezado por Janine Otálora, que ordenó el recuento en Puebla, es Santiago
Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El personaje tomó las riendas del pleito legal que Miguel Barbosa enfiló contra
Martha Erika Álonso, en reclamo de “fraude electoral”, desde la misma noche del 1 de julio.
: Que
fue notable la despedida y el reconocimiento otorgados a Mauricio
Farah como secretario general de la Cámara de Diputados, a quien el presidente de la Mesa Directiva, Porfi Muñoz Ledo, y el coordinador de Morena, Mario Delgado, agradecieron su profesionalismo a lo largo de dos legislaturas.
El ex funcionario, que renunció para permitir una “saludable renovación institucional”, fue promovido por el PRI en ese cargo, lo que no le impidió ganarse las simpatías de otros partidos.
: Que
la Secretaría de Hacienda “rechaza enfáticamente” cualquier presunción de conflicto de intereses relacionado con su actual titular, José
Antonio González Anaya, en la asignación de campos petroleros a la empresa Sierra Oil & Gas, como se sugiere a partir de declaraciones de la senadora Rocío
Nahle en 2016.
Producto de una licitación pública en la Ronda 1.1 del 11 de diciembre de 2014, el campo Zama 1 fue asignado a un consorcio integrado por Sierra O&G Exploración y Producción, Talos Energy y Premier Oil. Cuando esto ocurrió,
González Anaya era director general del IMSS y no tenía injerencia alguna en el sector energético ni con Pemex.