Milenio Puebla

Empresas fantasma evadieron $2 billones

De acuerdo con el Servicio de Administra­ción Tributaria, se ha registrado que en México existen 30 mil firmas que sirven para esquivar impuestos

- Osvaldo Santín

las finanzas públicas mexicanas.

En este sentido, el miércoles pasado el secretario de Hacienda señaló ante diputados que los esquemas de outsourcin­g son nocivos, toda vez que dañan a la recaudació­n, a las personas y a los trabajador­es, por lo que se ha trabajado en tratar de combatirlo­s. “Hemos publicado a más de 33 empresas de outsourcin­g, hemos hecho casi 500 auditorías de estos esquemas y se ha logrado recaudar mil 200 millones de pesos, aumentando las retencione­s para el salario real; además, se hizo de manera paralela, identifica­r a las personas que se benefician de estos esquemas”, indicó.

Explicó que se hizo una serie de cruces de informació­n en donde se detectó que cerca de 15 mil personas han recibido ingresos por asimilados a salarios mayores a los 3 millones de pesos y cuyos retenedore­s no enteraron los impuestos.

Además, “esta semana se firmó el primer acuerdo reparatori­o al amparo del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en donde un contribuye­nte que estuvo en el esquema de asimilados a salarios, que se le siguió la causa penal, pagó 160 millones de pesos para que no se siguiera el caso, es la primera ocasión que se utiliza esta figura como medio para resarcir el daño al fisco cuando se incurre en una conducta fraudulent­a en contra del fisco federal”, declaró Osvaldo Santín.

Abundó en que las denuncias en esta modalidad son mayores con respecto a 2017, dado que aún no se tenía con tanta claridad el esquema.

“Es una denuncia que apenas están conociendo tanto los ministerio­s públicos, como los jueces, incluso nosotros mismos, que estamos logrando integrarla de manera más ágil y con eso se ha incrementa­do el número de denuncias penales. Creemos que hacia adelante va a ser un mecanismo más frecuente para resolver los asuntos donde hay claramente una conducta fraudulent­a y que el contribuye­nte no está dispuesto a regulariza­rse”, expuso.

El SAT considera que cada vez se van a hacer menos auditorías y se considera que se podrán aprovechar los mecanismos ágiles que ofrece el sistema de justicia penal para llegar a un acuerdo antes de que se lleve a cabo una sentencia.

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OMAR FRANCO

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