Doble criterio
Seguridad y educación están entre los bienes públicos más valiosos. La ausencia del primero es visible y toca fibras muy sensibles y de corto plazo: robos, cobros de piso, secuestros, homicidios y otros males afectan a la sociedad de una manera directa y grave. Los efectos de la ausencia de una buena educación pública, por el contrario, son visibles sólo de manera indirecta y a largo plazo.
Para mejorar nuestra seguridad, los diputados de Morena proponen la creación de una Guardia Nacional, lo que exige diversos cambios constitucionales, entre ellos al artículo 21. Dice la iniciativa que la nueva institución “estará conformada por hombres y mujeres que previo los requisitos de la ley, la aplicación de los exámenes de ingreso, permanencia y ascenso, así como los procesos de profesionalización, integrarán un cuerpo especializado”.
La propuesta, en general, es sin duda muy polémica, pero en este punto en particular es fácil estar de acuerdo. Sin duda los encargados de algo tan delicado como la seguridad (pública, interior, nacional) deben cumplir los requisitos señalados por la ley y deben aplicárseles exámenes para su ingreso, para su permanencia o no en la institución y para su ascenso en la misma. Es decir, deben ser sometidos a evaluaciones antes de ingresar y a lo largo de su desempeño.
En ocasiones esas evaluaciones serán “punitivas”: sancionarán a las personas que no cumplan con los requisitos que deben cumplir. En ocasiones darán lugar a incentivos positivos: el ingreso a la corporación, la permanencia en la misma, el ascenso dentro del escalafón. Es decir, lo de siempre en todo servicio profesional que se respete. Bien que se aplique a la Guardia Nacional, mal que no se aplique a otros funcionarios públicos como los maestros.
En notable contraste, el candidato de Morena y varios de sus legisladores han hablado de terminar con la reforma educativa, cuyo aspecto más polémico es precisamente lo que los diputados de ese partido proponen para la Guardia Nacional: que los responsables de la educación pública se sometan a “exámenes de ingreso, permanencia y ascenso”. Es decir, que sean evaluados para ver primero si pueden ingresar a la delicada tarea de educar, que luego sean evaluados para ver si ameritan permanecer en esa tarea, y desde luego, que si la evaluación es positiva de acuerdo a criterios adecuados, que sean promovidos. ¿Por qué se propone la evaluación para los encargados de la seguridad y se critica ese mismo mecanismo para los encargados de la educación? Nadie puede argumentar que mientras el primer bien público es fundamental el segundo no importa. Que mientras nuestra seguridad debe estar en manos de profesionales bien evaluados, no debe importarnos que nuestra educación quede en manos de personas sin ninguna evaluación. Sería interesante que los legisladores nos explicaran por qué consideran que la evaluación debe aplicarse a algunos servidores públicos y no a otros. Pero por lo pronto, uno puede pensar que se trata de un criterio político, clientelar, al estilo del viejo PRI: el candidato en su campaña negoció con grupos de maestros que, a cambio de su apoyo electoral, anularía la evaluación que les es incómoda. Una evaluación puede ser incómoda para quienes temen no poder aprobarla.
Si este doble criterio no se aclara, quedará particulares._ la impresión de que el actual gobierno no defiende el interés público en todos los casos (aunque hay que aplaudir la evaluación de los encargados de nuestra seguridad). En algunos casos, tan relevantes como la educación, defiende intereses