Inicia la SGG el proceso para retirar concesiones
Los 67 concesionarios dejaron de prestar el servicio sin contar con alguna razón válida: Carrasco
Diódoro aseguró que el gobierno no caerá ante medidas “chantajistas” y comenzó el proceso para retirar concesiones.
Al asegurar que el gobierno estatal no caerá ante medidas “chantajistas”, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, informó que comenzó el retiro de la concesión a las unidades que protagonizaron el paro parcial del transporte público el pasado martes, lo que provocó afectaciones a los usuarios.
En rueda de prensa, Carrasco agregó que ante el amago de los transportistas de manifestarse en el informe del mandatario, Antonio Gali Fayad, el gobierno estatal continuará el diálogo con los inconformes, pero advirtió que no permitirá que se ponga en riesgo el desarrollo del evento y la integridad de los invitados.
“Se han tomado las primeras medidas por supuesto, porque tampoco vamos a permitir como gobierno del estado que un grupo chantajee para exigir aumento de tarifas y poner fechas, a la luz del informe del gobernador”, dijo.
El funcionario estatal añadió: “Este grupo, es un grupo pequeño, que no minimizamos pero pequeño en relación al número de unidades de transporte que circulan en Puebla capital, son 67 unidades propiedad de dos personas en particular, de 6 mil. Con este grupo y con el resto de líderes hemos venido dialogando, simplemente, para dar cumplimiento a convenio en los mejores términos, con este este grupo que se manifestó (...) generando problemas, provocando un caos vial, conflictos para la gente que va a dejar a sus hijos a la escuela o a su trabajo, y bloqueos y actividades ilícitas y garantías de movilidad”.
Asimismo, apuntó que desde hace meses existe un acuerdo entre la dependencia y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) con los transportistas, en función de que no ha habido un aumento a la tarifa del transporte público y, por lo tanto, se les otorgaron descuentos y facilidades para la realización de trámites relacionados con la renovación de las vigencias de sus concesiones.
“El acuerdo fue, fundamentalmente, para que a partir de una serie de prestaciones de reducción de costos en trámites y servicios de capacitación, de cambio de vigencia de la concesiones, es un acuerdo firmado”.
Mientras, en la SIMT se informó que el proceso para la revocación de la concesión implica un trámite legal para sustentar la decisión jurídica, la cual estará fundamentada en que los 67 concesionarios dejaron de prestar el servicio al público sin contar con alguna justificación.
Cabe recordar que estos 67 concesionarios demandan un incremento a la tarifa del costo del transporte público de 150 por ciento para que llegue a 15 pesos.
Por otra parte, un grupo de integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron frente a Casa Aguayo para exigir que sean liberados dos camiones de transporte público que fueron decomisados el martes por la SIMT, debido a que circulaban fuera de la ruta que tienen asignada.
Los manifestantes fueron atendidos por personal de la dependencia, pero de forma extraoficial se indicó que los antorchistas buscaban que las unidades fueran liberadas pero sin pagar las multas correspondientes.