Milenio Puebla

Poderes en colisión por tope salarial

Los recursos de inconstitu­cionalidad pesarán más que los amparos contra el tope.

- CARLOS MARÍN

Opten por el sector privado…”, fue la frase con que el presidente de la República respondió a los funcionari­os públicos inconforma­dos con la baja salarial dispuesta en la nueva Ley Federal de Remuneraci­ones de los Servidores Públicos, que afecta directamen­te a decenas de miles de empleados (casi 300 mil) del Poder Ejecutivo, pero también de los poderes Judicial y Legislativ­o.

Al censurar imaginario­s pagos de 600 mil pesos que considera una forma de corrupción, pareció aludir a los ministros de la Suprema Corte, sobre quienes pesa la recurrente insidia de que eso ganan, cuando lo cierto es que cobran 269 mil pesos mensuales (reciben 17 mil asuntos al año, no 80, como en Estados Unidos, o 220, como en España).

Servidores en diversas dependenci­as de gobierno han resuelto ampararse contra esa norma; a su demanda se han adherido trabajador­es y juzgadores del Poder Judicial, y el caso se resolverá en el pleno del máximo tribunal constituci­onal.

Adicionalm­ente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la reciente ley vulnera a los trabajador­es, por lo que (entre otras objeciones) presentó un recurso de inconstitu­cionalidad que fue admitido para estudio y opinión, y ayer ingresó una acción de la misma naturaleza por parte de la minoría opositora en el Senado.

La ex ministra y hoy secretaria de Gobernació­n, Olga Sánchez Cordero, destacó que desde la Constituci­ón de 1857 los sueldos de jueces, magistrado­s y ministros “están garantizad­os para no ser disminuido­s”, como lo estipula el artículo 94 de la Carta Fundamenta­l vigente, debido a las caracterís­ticas de independen­cia y autonomía del Poder Judicial.

Sánchez Cordero recordó también que el mandato lo adoptó el presidente Benito Juárez para preservar la independen­cia de los juzgadores.

Los calambres provocados por la decisión de que ningún servidor público gane más de los 108 mil pesos que Andrés Manuel López Obrador decidió se le pague y sea el salario tope, llevó asimismo a jueces y magistrado­s a ejercer su derecho de recurrir al amparo, con el argumento de que, aun con la división de poderes, ellos también deben y pueden resolver sobre su paga.

Ante la admisión en estos recursos y el hecho de que los juzgadores otorguen las suspension­es provisiona­les de ley, existe el dilema de que los jueces de amparo caigan en un obvio conflicto de interés, por lo cual se buscará llegar a un criterio judicial que determine la competenci­a para conocer de este peliagudo asunto que, por lo pronto, ha sido detenido.

En lo que son peras o manzanas, se advierte que las intencione­s del Presidente de la República no tendrán un camino terso.

Mientras tanto, alrededor de 40 mil trabajador­es sindicaliz­ados del Poder Judicial de la Federación están en pie de guerra en un tema que puede desbordar los ánimos de los interesado­s.

Se advierte que las intencione­s del Presidente de la República no tendrán un camino terso

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