Ministros reconocen nepotismo, corrupción y falta de austeridad

Contienda por la SCJN. Los cuatro aspirantes a la presidencia coinciden en llamar a la unidad y a defender la autonomía

Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar, aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 20192022, coincidieron en el llamado a la unidad, así como en la necesidad de desterrar vicios, defender la autonomía y aplicar una política de austeridad.

En sus proyectos de trabajo admitieron que hay corrupción y nepotismo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y se comprometieron a erradicarlos y a mantener la independencia del alto tribunal a fin de consolidarlo como garante de la Constitución, en un sistema de contrapesos en el que resolverá dilemas jurídicos trascendentes en el nuevo panorama político mexicano.

La elección para sustituir al ministro Luis María Aguilar Morales se llevará a cabo el 2 de enero de 2019, en una contienda en la que el nuevo presidente deberá obtener un mínimo de seis votos.

Zaldívar Lelo de Larrea propuso una política de contención de salarios de mandos superiores que permitirá una reducción de 15 por ciento en este rubro en los siguientes cuatro años, además de instalar una política de compras consolidadas para aprovechar mejor el presupuesto.

Gutiérrez Ortiz Mena dijo que es fundamental reconocer que en el proceso electoral de 2018 se expresó un reclamo generalizado en favor de que las instituciones públicas sean más eficaces en el cumplimiento de sus deberes, que racionalicen y moderen su gasto, y se erijan como ejemplos de transparencia y honestidad, lo que incluye a la Corte.

“Tampoco puede ignorarse que, dado el contenido programático del nuevo Poder Ejecutivo federal, es previsible que ocurran cambios constitucionales, jurídicos e institucionales importantes. Si ese fuera el caso, el Poder Judicial estaría llamado a resolver los dilemas legales y constitucionales que dichos cambios impliquen”.

Señaló que como tribunal constitucional “estamos atados a valores que trascienden los vaivenes de la política”. Señaló que mediante un fortalecimiento de las actividades de las Comisiones de Vigilancia y Disciplina se deberá generar un programa de prevención y sanción de hechos de corrupción.

Pardo Rebolledo comentó que el cambio político, social y económico que vive México trae consigo muchos retos, pero también oportunidades para que el Judicial se consolide como un poder autónomo e independiente al servicio de la sociedad.

“Laimparticióndejusticiajuega un papel primordial para la consolidación de la democracia mexicana y salvaguarda de los derechos humanos.Desempeñamoslatarea fundamental de preservar el estadoconstitucionalydemocráticode derecho, garantizamos la vigencia de las libertades y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través del control de los actos del poder público”, refirió.

Pérez Dayán manifestó que como presidente de la Corte contribuirá a fortalecer su carácter de garante del sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana y a defender la Constitución. “La unidad del Poder Judicial de la Federación debe ser el objetivo primordial para potencializar nuestra misión como garantes de la Constitución”.

Añadió que restringir su autonomía o no ejercerla cabalmente implica una violación a los derechos humanos. “La autonomía del PJF se fortalece en la medida que, desde la Corte, luchemos contra la impunidad y la corrupción, frente al abuso de la autoridad y la violación de los derechos humanos. La autonomía que debemos impulsar no es aquella que solapa conductas indebidas, ni emite criterios que favorecen al poderoso frente al desvalido”.