Ley y división de poderes
División de poderes y aplicación de la ley son los mensajes del Poder Judicial para la “cuarta transformación”, que en el ADN del nuevo régimen, las instituciones y la ley se “van al diablo”.
Ocurrió el primer mensaje con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al rechazar la Ley de Remuneraciones que establece que ningún funcionario, incluyendo a jueces y magistrados, gané más que el presidente.
No pasaron ni 24 horas de este diferendo entre los poderes Ejecutivo y Judicial federales, cuando una nueva resolución, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) respecto a la impugnación de la elección de gobernador de Puebla, tampoco fue del agrado del Presidente de la República.
Las leyes están para cumplirse conforme a derecho, y éstas no pueden estar al interés o gusto de ningún mandatario de la nación, pero en este régimen es inconcebible y una afrenta que la justicia se aplique sin criterios políticos e ideológicos.
Lo que esté en sus manos, los gobiernos federal y de los estados de la “cuarta transformación” toda ley y reglamento lo pueden modificar, con alcance en las entidades en las decisiones
MORED/EL de jueces, como ocurre en Veracruz para liberar a los duartistas, los aliados electorales de Morena.
La aplicación de ley solo es válida si favorece a Morena o al gobierno; contrario a ellos nada, porque el autoritarismo político e ideológico les impide cohabitar con la pluralidad.
Lo ocurrido en el caso de la elección de Puebla donde la gobernadora electa ganó en cinco ocasiones (encuesta de salida, PREP, cómputo IEE, voto por voto del Tepjf y Sala Superior del Tepjf ) demuestra el imperio de la ley, al tiempo que ratifica la defensa e independencia del Poder Judicial.
El Presidente manifestó su inconformidad por la resolución de la Sala Superior del tribunal electoral federal, porque según él, no fue una elección “limpia y libre”, pero no aportó pruebas convincentes a través de su partido, lo que no convenció a todos los siete magistrados.
La aplicación de la ley solo es válida si favorece a Morena