Trabajo doméstico: de lo ideal a lo real
En una decisión que parecería ser un triunfo categórico para las trabajadoras domésticas, la Suprema Corte determinó la semana pasada que deberán recibir de manera obligatoria seguridad social.
A todas luces la decisión aparenta ser positiva. ¿Quién podría estar en contra de ofrecerles a las trabajadoras domésticas los mismos derechos que tiene cualquier empleado formal? Es cuestión de justicia; de equidad.
En teoría, tras el fallo de la Suprema Corte, las 2 millones 400 mil trabajadoras domésticas que laboran en el país pronto tendrán acceso al Seguro Social, al Infonavit y a otros beneficios sociales. Ojalá. Eso sería lo ideal. Sin embargo, en la práctica, la resolución de la Corte puede acabar perjudicando precisamente a las personas que pretende beneficiar.
Para entender por qué, solo hace falta analizar cómo funcionan los impuestos laborales en nuestro país. De su sueldo nominal, un empleado tiene que pagar impuestos, por lo que acaba recibiendo una cantidad menor. Por su parte, el patrón también tiene que pagar una serie de impuestos adicionales sobre el salario nominal del empleado, por lo que le acaba costando una cantidad mayor. La diferencia entre el dinero neto que recibe el empleado y lo que paga el patrón es significativa: en algunos casos puede llegar a ser 50% mayor.
Es cierto que los beneficios sociales de estos impuestos son relevantes. Le permiten al asegurado atenderse en el IMSS; de tener acceso a créditos hipotecarios; de generar ahorros para su jubilación. Pero no me queda claro cuántas trabajadoras domésticas (lo digo en femenino puesto que nueve de cada 10 son mujeres) les darán suficiente valor a estos beneficios para aceptar una reducción de su sueldo actual. Tampoco me queda claro cuántos patronos podrán pagar la carga social adicional que les corresponde.
De lo que estoy seguro es que el costo, tanto para las trabajadoras domésticas como para quienes las contratan se incrementará. Y cuando el precio de un servicio sube, la demanda disminuye. En otras palabras, la decisión de la Corte puede provocar una reducción en el número de empleos disponibles para las trabajadoras domésticas.
Otro problema es la carga administrativa que involucrará la formalización, la cual, en su mayoría, recaerá en las amas de casa. Si para empresas formales es complicado cumplir con los trámites del Seguro Social, imagínese para una persona física. También habrá que ver cómo el gobierno hará cumplir esta disposición. ¿Van a ir a los hogares los inspectores del IMSS? ¿Qué castigo se impondrá a los infractores?
Estos problemas no significan que no valga la pena impulsar la formalización de las t rabajadoras domésticas. Por supuesto que sí. Mi punto es que es fundamental hacerlo bien; de lo contrario, el costo de una decisión con buena intención y fundamentada en papel puede ser mayor en la práctica que sus beneficios.