Destituye Judicatura a 2 magistrados federales
“Ineptitud y corrupción”. Por un presunto fraude inmobiliario contra 60 mil personas, otros dos de Nayarit fueron separados
El Consejo de la Judicatura Federal destituyó a dos magistrados federales adscritos a Campeche por actos de corrupción y por notoria ineptitud, mientras que el Consejo de la Judicatura en Nayarit ordenó separar a dos magistrados acusados de despojar de sus viviendas a 60 mil derechohabientes del Infonavit en seis estados del país.
En el caso de los magistrados del Poder Judicial de la Federación se trata de David Alberto Barredo Villanueva y Freddy Gabriel Celis Fuentes, quienes fueron encontrados responsables de las siguientes conductas:
Dilación en la emisión de sentencias; retraso en el turno de los asuntos; omisión de dar vista con posible actualización de una causa de improcedencia; falta de firma en las actuaciones judiciales y descuido en el trámite y resolución de un asunto.
Además de “incumplir con las obligaciones consistentes en desempeñar el cargo sin obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Consejo de la Judicatura Federal otorga por el desempeño de la función, así como en presentar con veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley”.
Esta es la primera destitución de magistrados federales duran- te la presidencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien también preside el CJF.
Además de la destitución, a ambos magistrados se les impusieron sanciones económicas. La resolución aún puede ser impugnada.
El ministro Zaldívar señaló que la política del órgano colegiado es una: “Cero tolerancia a actos de corrupción. Con lo anterior se reafirma el compromiso y la voluntad institucional del Poder Judicial de la Federación de combatir con rigor conductas deshonestas, fraudulentas o ausentes de ética”.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura de Nayarit separó de su cargo al ex presidente del Tribunal de Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto, y al magistrado Ramón Marmolejo Corona, quienes tendrán que enfrentar los cargos de fraude procesal y tráfico de influencias.
Asimismo, se les acusa de delitos cometidos por servidores públicos, cohecho, abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de los trabajadores que les ejecutaron un crédito hipotecario.
Los magistrados, por acuerdo del Tribunal de Justicia, gozarán de 30 por ciento de su salario para contar con herramientas para poder presentar pruebas en su defensa.