Una lectura para lo senadores y AMLO

En noviembre del año pasado, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos publicó “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017)”; una investigación con base en el análisis detallado de aquellas recomendaciones de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos consideradas como violaciones graves en la materia.

En estos días, el Senado se prepara para la discusión final y en su caso aprobación de la iniciativa constitucional que creará la Guardia Nacional. Como le he escrito aquí, aún pienso que la iniciativa será aprobada en los términos que quiere el Presidente y el gobierno. El Ejército, la Marina, el consejero jurídico y el secretario de seguridad ciudadana así han venido cabildeándolo intensamente en las últimas semanas.

Tal vez sea el momento para la oposición, las organizaciones nacionales e internacionales y los expertos de concentrarse en la Ley Orgánica de la Guardia.

Unas líneas del documento mencionado deberían provocar la construcción de instrumentos de supervisión externa de la Guardia, porque a pesar de los buenos deseos y la insistencia del Presidente de que basta con una orden suya, o que los militares son buenos, pues no es así. Concentran el mayor número de recomendación, y no solo eso:

“Los informes de autoridad emitidos con posterioridad a los hechos dan cuenta de un posible patrón en la actuación de las instituciones involucradas, no solo para evadir su responsabilidad en los hechos, sino en muchos casos para inculpar a las víctimas. De esta manera, se evidencia que, en los casos de homicidio, se usa reiteradamente la motivación de “repeler una agresión en legítima defensa”, o que las víctimas se encontraban en “posesión de armas o drogas” aunque posteriormente peritajes de CNDH determinen lo contrario. En casos de tortura, las autoridades aducen que las violaciones se llevaron a cabo debido a “delitos contra la salud” o “la portación de armas”. Solo en el caso de las desapariciones, la autoridad comúnmente niega por completo su participación en los hechos, o bien reconocen la detención, pero afirman que las víctimas fueron liberadas”.

Nada indica que hayan cambiado. A quién le rendirán cuentas.

Los militares, con el mayor número de recomendaciones