Milenio Puebla

Amparo indirecto contra inspección

- J. JESÚS RANGEL M. jesus.rangel@milenio.com

Tiene razón Julio F. Smithers J., presidente de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizad­os, de que “nunca hemos fijado una postura”, ni él en lo personal, respecto a lo que comenté aquí ayer sobre la decisión del almirante en retiro Juan Ramón Alcalá, administra­dor central de Operación Aduanera de la Administra­ción General de Aduanas, de inspeccion­ar la mercancía que está en recintos fiscalizad­os, facultad de la Secretaría de Hacienda.

En una carta-desmentido agregó que la Anfac se“ha caracteriz­ado por coadyuvar y respetar las decisiones de la autoridad aduanera y de ninguna manera en los más de 25 años que tiene, se ha manifestad­o de tal forma. Solicito de la manera más atenta se publique la presente nota aclaratori­a, ya que nova con los principios­de la asociación, asociados y de manera personal ”.

Escribí que las empresas quejosas por este hecho son Aerovías de México y Almacenes Fiscalizad­os. Ambas son asociadas de la Anafac y están cabildeand­o con otros integrante­s para fijar posición conjunta. Por lo pronto analizan interponer un amparo indirecto “por actividad administra­tiva irregular” del ex almirante o un juicio de nulidad para suspender las acciones, que llevaría más tiempo. Estas empresas encabezan la oposición a militariza­r las aduanas que, como escribí, es estrategia de Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT.

La Sedena sugirió, a pregunta de la funcionari­a, que las aduanas factibles para que “personal militar ocupe cargos para inhibir las actividade­s de corrupción” son Mexicali, Teca te, Ti juana, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Chihuahua, O ji naga,PuertoP alomas, Nogales, San Luis Río Colorado, Alta mira, Ciudad Camargo, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Colombia y Veracruz. En total 22.

Cuarto de junto

El 12 de junio le comenté sobre el proyecto de Minera Gorrión en Puebla y de las presiones para frenar la evaluación de impacto ambiental, en donde figuraba Martha Morales, funcionari­a de Semarnat. Pues ya no está al frente de la Unidad Coordinado­ra de Participac­ión Social y Transparen­cia; durante la reunión pública para hablar del proyecto ella participó y llamó la atención a grupos que manifestar­on su apoyo (cuatro ponencias), pero no dijo nada de las 18 ponencias que fueron en contra de la minera. Su actuación fue parcial.

La asociación de almacenes fiscalizad­os dice que nunca ha fijado una postura

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