Luis Raúl González Pérez
“No hay medida de austeridad que justifique que se ponga en riesgo la salud”
En días recientes se han intensificado los señalamientos y advertencias sobre la creciente carencia de medicinas, materiales para el cuidado y atención médica, así como para el mantenimiento y operación de equipos en distintas unidades del sector salud. Resulta en particular preocupante que se esté en riesgo de perder lo que se logró mediante muchos años de campañas y esfuerzos a favor de la vacunación en México, por la carencia o falta de suministro oportuno de vacunas contra el sarampión, paperas, rubéola, tosferina o la tuberculosis; que sea incierta la continuidad en el suministro de antirretrovirales para el tratamiento de pacientes con VIH; o que ante la desaparición de esquemas como el Seguro Popular, sin mecanismos viables y probados de sustitución, se reduzcan las vías para que la población que no cuente con un esquema de seguridad social, pueda atenderse en caso de padecer enfermedades tan graves como el cáncer, lo que requeriría tener las previsiones que lo eviten.
El sector salud ha sido, durante varios años, el que mayor número de recomendaciones ha recibido por violaciones a los derechos humanos y es el que recibe mayor número de quejas en su contra, sin embargo, la evidente necesidad de fortalecerlo y hacerlo más eficaz y eficiente no puede implicar que se ponga en riesgo la salud de las personas o que se les niegue a quienes lo requieran la ayuda y atención que demandan. El replanteamiento del sector salud tendría que llevarse a cabo de manera gradual y programada, teniendo como premisa ocasionar la menor afectación posible de derechos, y escuchando a los médicos, a los usuarios, a los expertos y especialistas, así como atendiendo a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales competentes en la materia.
Replantear los sistemas de salud del país bajo criterios eminentemente administrativos o presupuestales es un enfoque que lleva implícito el riesgo de
que se vulneren derechos humanos. Nadie puede oponerse a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen, sin embargo, ello no puede implicar que se suspenda o ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho. No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente. México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, sean vigentes, obligación que subsiste aun frente a recortes o ajustes presupuestales. Hay rubros en los que la asignación de recursos públicos no puede solo depender de cálculos económicos o ponderaciones administrativas, como lo son los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas, e inclusive, en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte. Las necesarias medidas de austeridad y control presupuestal deben contribuir a que el derecho a la salud tenga mayor vigencia, siendo preciso prevenir que las mismas debiliten o vuelvan inoperantes los sistemas públicos de salud.
Es claro que estos servicios ya tenían problemas, pero ello no puede justificar que los mismos se agraven o se generen otros nuevos. El Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas puedan recibir la asistencia médica que requieran, así como el deber de abstenerse de dañar, con sus acciones u omisiones, la salud de las personas. El derecho a la salud no puede verse como un postulado teórico o una disposición programática, es un derecho fundamental, sin el cual no es posible el goce o ejercicio de otros derechos y del cual depende, en buena medida, el futuro y calidad de vida de las mexicanas y mexicanos.
“Preocupante, que se esté en riesgo de perder lo que se logró a favor de la vacunación”