“Semanas de cotización y privatización de fondos públicos”

La reforma de los empresarios adoptada por el Presidente no es estructural, no tiene un carácter histórico en el sentido en el que lo señalaron Mario Delgado y Ricardo Monreal, no es la política más importante del gobierno de AMLO como dijo el coordinador de políticas públicas del CCE y no va a resolver profundamente nada. Es un ardid propagandístico. Apenas medio ataca dos complicaciones del desorden actual, pero deja intactos los grandes problemas del derecho a una vejez digna: el sistema seguirá fragmentado, seguirá desigual, excluyente, dominado por privados, seguirá dando continuidad a un modelo fracasado en todo el mundo —lo que está acreditado sobradamente por académicos y organismos internacionales. Para remediar esos problemas era precisa una reforma de gran magnitud, una ley general de pensiones y nuevas leyes del IMSS y del Issste. Esta es una reformita simuladora que hay que seguir analizando.

Que se bajan las semanas necesarias de cotización a 750 es otro engaño. La letra chiquita de la presentación de la propuesta dice que serán mil en realidad, al cabo de 10 años. Esto, inicialmente, hace quedar bastante mal a los que dijeron que esta iniciativa era responsable, y que el gobierno asumía un reto que ni siquiera le iba a estallar. Todo lo contrario: Hacienda aspira solo a sacar las castañas del fuego por un par de años y a complacer al gran empresariado (como mencioné en el texto anterior). ¿Mil es mejor que mil 250? Sin duda alguna, pero ese pequeño cambio solo beneficiará a algunas decenas de miles de trabajadores. La densidad de cotización en el país sugiere que el trabajador promedio acumula entre 15 y 16 años en el sector formal de la economía, no 20 (mil semanas), por lo que mover las semanas de cotización en rangos que no afectan sino a una minoría, más que un cambio significativo, es un paliativo ilusoriamente reconfortante.

No existe base alguna para el cálculo alegre de Hacienda de que se incrementará el número de trabajadores con derecho a pensión de 34 a 82 por ciento. Eso difícilmente sucederá incluso entre los trabajadores beneficiados por el criterio de las 750 semanas. Además, dado que la mayoría de los trabajadores, por sus bajos ingresos, no podrán acceder más que a una pensión mínima garantizada, será el gobierno el que cargue con el costo de completar lo que haga falta para quienes logren las semanas requeridas. En resumidas cuentas, el subsidio al negocio financiero crecerá muchísimo, por esta razón y por la cuota social antes mencionada y obligará a una reforma fiscal. El gobierno se está obligando a destinar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año a cubrir a toda la población de la generación afore que no alcanzó una pensión superior a la mínima garantizada, además de subsidiar el monto de cuotas y aportaciones para los trabajadores de más bajos ingresos. No es un problema que lo haga: el problema es que lo haga para financiar un negocio privado y empobrecedor. La propuesta compromete el futuro. Cuando alguien quiera hacer realmente un cambio verdadero, van a gritar que esas carretadas de fondos públicos que ahora correrán son ya privados, y que eso es expropiación, comunismo, tonterías.

Más que un cambio significativo, es un paliativo ilusoriamente reconfortante