Exculpan a Julio Scherer Ibarra y abogados de “extorsión” a Collado
Bajo el argumento de “incongruentes”, la magistrada Graciela Rocío Santes desechó las supuestas 20 pruebas de la Fiscalía General de la República contra el ex consejero jurídico de Presidencia
La magistrada Graciela Rocío Santes desestimó las acusaciones de soborno que implicaban al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y otros abogados, quienes estaban siendo investigados por un caso de presunta extorsión en perjuicio de Juan Collado, arrestado a mediados de 2019.
“Este tribunal de alzada aprecia que, contrariamente a lo alegado, la imputación contiene incongruencias sobre la versión de los hechos que se atribuyen a los imputados y a Julio Scherer Ibarra, así como omisiones acerca de las acciones o conductas que ejecutaron y que impiden ejercer la facultad de reclasificar la hipótesis delictiva propuesta”, señala la magistrada en el expediente 147/2022, cuyo contenido fue revisado por MILENIO.
El documento radicado en el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito señala que se encontraron versiones incongruentes e inconsistencia en los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual presentó 20 elementos de prueba, entre los que se encuentran las declaraciones de Collado y su hijo, además de un oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por ello, la magistrada determinó el pasado 26 de octubre el no ejercicio de la acción penal en contra de los demandados.
“Del análisis de cada uno de estos datos es posible insistir en las inconsistencias expuestas. Lo anterior, porque solo permiten acentuar las omisiones de la investigación, ya que se limitan a informar el contexto en que se imputan las conductas ilícitas a Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González Hernández, sin precisarse la forma en que intervinieron ante la UIF”, apunta Santes.
El caso destapado desde prisión por Juan Collado indicaba que Araujo y González, litigantes vinculados a Scherer, solicitaron 10 millones de pesos al abogado de Enrique Peña Nieto a cambio de hacer las gestiones necesarias para que no fuera remitido a prisión por delitos relacionados con lavado de recursos y crimen organizado. El dinero habría sido entregado en la terraza del hotel Hyatt de Polanco, en Ciudad de México.
Poco después, los abogados cercanos a Scherer habrían exigido otra tanda de dinero a Collado, quien asegura que entregó, a través de intermediarios, más de un millón de euros en el hotel Wellington de Madrid, España.
La magistrada encontró incongruencias en las horas de las supuestas reuniones y falta de evidencias para dar credibilidad al relato que hizo Juan Collado sobre el presunto caso de soborno.
Otro de los alegatos del ex abogado de Peña Nieto consistía en que los enviados de Scherer le solicitaron vender una de sus empresas, Caja Libertad, para que ésta pudiera ser adquirida a un precio bajo por inversionistas cercanos al ex consejero jurídico de la Presidencia. De acuerdo con la versión de Collado, le exigieron “libertad por libertad”.
“La incongruencia de la narrativa de la imputación da lugar a considerar que la Fiscalía pretende ejercer la acción penal contra los imputados porque obligaron a Juan Collado a entregar dos diversas cantidades de dinero, suscribir un contrato y vender su empresa de servicios financieros, aun cuando este último conocía que su origen o propósito tenía relación directa con una conducta antijurídica diversa”, argumenta la magistrada.
Es por esto que Graciela Rocío Santes confirmó el auto de no vinculación a proceso, es decir, que no continúe la investigación en contra de este grupo de abogados, quienes ya no podrán ser llevados a juicio.
La magistrada también resaltó que la Fiscalía acusó sin pruebas al propio Poder Judicial —para el que ella trabaja— e incluso dejó claro que de haber ocurrido los hechos que denunciaba Collado, éste no era extorsionado sino parte de la estructura, ya que a cambio de dinero pretendía obtener su libertad o llegar a un acuerdo reparatorio.
Cabe recordar que desde el pasado 19 de mayo, Jesús Delgadillo Padierna, el juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Sur, resolvió que no existía ningún dato de prueba que corroborara las declaraciones de Juan Collado y su hijo, Juan Ramón Collado Dot, sobre el supuesto dinero que entregaron en una maleta en un hotel de la capital del país.
La resolución de la magistrada constituía la última instancia judicial para probar que los abogados vinculados a Scherer Ibarra exigieron sobornos millonarios a Juan Collado.
El litigante dijo haber pagado 10 mdp y un mde para no ir a prisión por lavado
El fallo revela inconsistencias en los tiempos de las supuestas reuniones