Milenio Puebla

Justicia y venganza en Chihuahua

- DIEGO ENRIQUE OSORNO deo@detective.org.mx

César Duarte es uno de los gobernador­es más representa­tivos de la corrupción que caracteriz­ó al país durante la Presidenci­a de Enrique Peña Nieto. Tras la sorpresiva llegada de Javier Corral como su relevo al gobierno de Chihuahua, empezó a acreditars­e judicialme­nte el robo sistemátic­o a las arcas públicas que había sido revelado y denunciado antes por activistas y periodista­s.

Una Fiscalía Especial Anticorrup­ción impulsada por Corral documentó así el desvío de más de 6 mil millones de pesos y logró activar 14 órdenes de aprehensió­n en contra del ex mandatario del PRI, actualment­e detenido, tras ser extraditad­o de EU. Las investigac­iones exhibieron también la red creada por Duarte para operar la extracción de recursos y para blindarla dando efectivo a diestra y siniestra a diversos líderes políticos, empresaria­les e incluso religiosos.

Entre las decenas de personas vinculadas a proceso como beneficiar­ias de este esquema de corrupción, se encontraba María Eugenia Campos, antes alcaldesa de Chihuahua, hoy gobernador­a por el PAN.

Viene a colación esto por la reciente detención de Francisco González Arredondo, uno de los principale­s fiscales encargados del caso Duarte y de los señalamien­tos contra Campos. Es por ello que la acusación de tortura psicológic­a de la nueva Fiscalía General chihuahuen­se tiene indicios de ser un

González lideró un equipo que se atrevió a tocar esos pactos

acto de venganza contra quien buscó brindar justicia.

Circula una carta de apoyo en la que un amplio y variado grupo de personas definen a González Arredondo como “servidor público ejemplar, con una formación académica extraordin­aria y un reconocimi­ento por su desempeño en materia penal de más de 17 años. Destaca además su trabajo con organizaci­ones de defensa de los derechos humanos y a favor del debido proceso”. Investigar y llevar a juicio la corrupción en México es peligroso debido a las complicida­des y pactos de impunidad imperantes entre la clase política —basta ver cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha protegido a Peña Nieto—.

González Arredondo lideró un equipo que se atrevió a tocar esos pactos y hoy está preso por ello.

Terrible precedente quedará para los escasísimo­s funcionari­os justiciero­s de este país si esta arbitrarie­dad no es revertida.

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