La inevitable reforma electoral
Como parte de las modificaciones constitucionales que quiere hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con su Cuarta Transformación del país, es la reforma electoral y con ello modificar gran parte del sistema político mexicano.
La oposición como ha actuado desde el 2018 se ha manifestado en contra de toda propuesta enviada por AMLO al legislativo, tal y como lo vimos en la reforma eléctrica que no consiguió los votos necesarios. Sin embargo, para la iniciativa sobre ampliar el plazo del ejército en las calles, se preveía el mismo destino, hasta que fue el propio PRI que envió la iniciativa lo que facilitó su aprobación.
En este mismo espacio ya habíamos analizado que todos los partidos tienen sus propias iniciativas referentes al tema electoral; aunque hay temas en los que la oposición no está de acuerdo.
Uno de los temas más polémicos ha sido la modificación del organismo, por ejemplo, del nombre de Instituto Nacional Electoral a Instituto Nacional Electoral y de Consultas, así como la desaparición de los OPLE’s que operan en las 32 entidades federativas.
Con lo anterior la oposición ha montado una campaña para defender al INE, con la consigna que AMLO y su gobierno, pretenden desaparecer al organismo autónomo para poder instaurar una dictadura y mantener el poder en el 2024. El argumento en sí es
“Se demostró que el 93% de los mexicanos apoya la propuesta”
risible, ya que justo con el INE así como está conformado, Morena ganó en 2018 y a partir de ese momento ha ganado 20 gubernaturas en el país y de acuerdo con las últimas encuestas, sus probables candidatos ganarían la elección presidencial y 7 de 9 gubernaturas en 2024.
El mismo INE solicitó una encuesta para conocer la opinión de los mexicanos respecto a la reforma electoral, confiados en que los resultados podrían presentarlos para rebatir la iniciativa. El diario El País, publicó los resultados y no fueron positivos para el instituto.
Se demostró que el 93% de los mexicanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos; el 87% avala disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal; el 78 apoya que los consejeros y magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía y el 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan el INE.