Reconocen liderazgo de la Cofepris en la región
En el 13 Encuentro de Autoridades Competentes en Medicamentos de los Países Iberoamericanos (EAMI), México fue elegido para asumir el liderazgo de esta red por los próximos cuatro años, representado por la Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios (Cofepris).
“La obtención de este espacio en el organismo internacional es un reconocimiento al liderazgo en regulación sanitaria que México tiene en la región iberoamericana, en el entorno ICH (International Council for Harmonisation) y en la liberación de más de 106 millones de vacunas contra el covid”, apuntó la Cofepris.
En el encuentro, celebrado en la República de Honduras, México presentó el plan de trabajo 2022–2026 como nuevo miembro del Secretariado Rotatorio, el cual tiene tres objetivos: mejorar el uso de herramientas para el intercambio y acceso oportuno de la información, incrementar la capacidad técnica en la Red EAMI con base en las buenas prácticas regulatorias y brindar continuidad a las líneas temáticas prioritarias identificadas en Iberoamérica.
“Este logro diplomático posiciona al país como responsable de potenciar la colaboración, seguimiento y continuidad de las líneas temáticas priorizadas por la red y apoyar a las autoridades en medicamentos de los países iberoamericanos en las actuaciones que permitan la implementación y desarrollo de planes estratégicos, reglamentos, proyectos y programas”, señaló en un comunicado.
Junto a representantes de España, Portugal, El Salvador y Panamá, abundó Cofepris, también se conformó el Secretariado de la Red que trabajará en el fortalecimiento continuo de los sistemas regulatorios en favor de la salud de esta población.
La importancia de la Red EAMI radica en ser un instrumento clave para generar conocimiento a través del intercambio de información técnica que garantice el acceso a medicamentos y dispositivos médicos, asegurando su calidad, eficacia y seguridad, a demás de su correcta identificación e información.
Entre los 22 países miembro están Andorra, Argentina, Bolivia, Chile y Costa Rica.
Después de hincar el hacha contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el siguiente árbol para derrumbar será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta otra confrontación será inevitable ahora que se atiendan temas donde el desacuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial es abismal.
El próximo lunes, por ejemplo, se discutirá en el pleno la acción de inconstitucionalidad presentada hace dos años por la Cámara de Diputados respecto al decreto del Ejecutivo que habría otorgado facultades excesivas a las fuerzas armadas.
Luego vendrá la discusión sobre la inconstitucionalidad de las leyes que pretenden trasladar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. Y muy probablemente, también en el horizonte próximo, ahí mismo tendrá lugar el debate sobre las reformas políticas y electorales que están siendo apenas dictaminadas en la Cámara de Diputados.
La estrategia política del Ejecutivo a partir de la cual se pretende resolver cuestiones constitucionales sin tocar la Constitución es un acto deliberado para tensar la relación con el Poder Judicial.
No hay ingenuidad en esto. No es que el Presidente esté mal asecho sorado o que desconozca los elementos esenciales del sistema legal mexicano. Lo que quiere es reventar a los tribunales y los jueces de la misma manera como lo ha hecho con otras instituciones.
El discurso presidencial de ayer en contra de las y los ministros no deja nada a la imaginación. A excepción de dos ministras, al resto del pleno le acusó de ser una vergüenza facciosa y empleada de ricos, también de estar al servicio de las minorías y de proteger a los de arriba. Un día antes había ya acusado al Poder Judicial de ser la institución donde hay “notoriamente” más impunidad.
Si tanta invectiva salió de la boca del Presidente respecto del debate sobre la prisión preventiva oficiosa, no es difícil calcular la cantidad de pólvora que escupirá cuando se resuelva la inconstitucionalidad de las leyes relativas a la Guardia Nacional.
Durante los primeros cuatro añosdeestaadministraciónlaconfianza personal que López Obrador sostuvo hacia Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, ayudó a mitigar el desprecio que el mandatario tiene por la tarea de los jueces. Pero ahora que Zaldívar dejará ese puesto,elpróximo31dediciembre, nadavaaprotegeraesainstitución de la artillería pesada.
El discurso lopezobradorista, repetido de manera inmisericorde contra el INE, ha dañado mula reputación de este órgano del Estado mexicano, el cual continúa en pie solamente porque antes de que comenzaran a caerle misiles tenía un nivel muy alto de aprecio popular.
En contraste, el nexo afectivo de lamayoríadelagenterespectodela SCJNesmuybajo.Losjuecescuentanconnivelesdelgadosdeaprobación y esto abona para que López Obradordespotriquesinfreno.
El acuerdo original entre Zaldívar y López Obrador fue que la Corte elaboraría una iniciativa de reforma al Poder Judicial con el objeto de enfrentar la corrupción y el nepotismo. Y así se hizo, pero el Presidente jugó al final una mala pasada cuando, al enviar la iniciativa al Congreso, incluyó una última propuesta para prolongar el mandato de Zaldívar, más allá del plazo definidoporlapropiaConstitución.
En retrospectiva es evidente que esa jugada tenía como propósito someter a la Corte, y en general al Poder Judicial, a una tensión muy complicada. Si el presidente de la Corte se oponía a la iniciativa presidencial —a esa manzana envenenada— la confianza que venía construyendo con López Obrador habría volado por los aires. En cambio,siconcedíaconlaspretensiones del Presidente, el resto de las y los ministros, y prácticamente todos los jueces y magistrados, le perderían respeto a la cabeza de su institución.
Ante la trampa, Zaldívar optó por dilatar la solución del problema hasta que logró que esa idea fuese desechada sin pagar los costos de un rompimiento indeseado.
Este episodio fue el primero en la larga lista de situaciones donde López Obrador comenzó a proponer actos de autoridad que son notoriamente inconstitucionales.
A la luz de las invectivas arrojadas esta semana, cabe suponer que la estrategia de desprestigio hacia la Corte se encuentra apenas en fase de arranque. Una vez que las ministras y los ministros tomen en sus manos la interpretación de leyes y actos relacionados con la entrega a las fuerzas armadas de atribuciones inconstitucionales, la confrontación entre los dos poderes va a alcanzar niveles pirotécnicos.
Hasta ahora la Corte había logrado encontrar un acomodo que, sin ser de subordinación, eludía la confrontación abierta. Pero ese acomodo ya se agotó. Dada la composición actual del pleno, el cual se integra por una mayoría de personas con criterio propio, la obediencia acrítica sigue siendo improbable. Así que solo queda como alternativa la definición respecto a temas que no tienen zonas grises: o bien es constitucional el traslado de la GN a la Sedena o no lo es. No hay medias tintas, como sí las hubo en otros temas, por ejemplo, cuando la Corte validó, pero al mismo tiempo modificó, la pregunta sobre la consulta popular a propósito del juicio a los ex presidentes.
De todo lo declarado por el mandatario lo más inquietante es que recién haya propuesto reformar una vez más al Poder Judicial.
Cabe temer que, así como López Obrador pretende desaparecer al INE para sustituir a esta institución por otra que él y su partido puedan manipular, también quiera plantear una iniciativa de reforma que afecte la autonomía e independencia de la Corte.
Ya colocó el mandatario un primer botón respecto del sentido que podría tener esta iniciativa. Me refiero a la reforma para que los magistrados y magistradas electorales obtengan sus cargos mediante el voto popular. De ahí a tramar que el resto de las personas juezas, magistradas o ministras sean también sometidas a las urnas existe una distancia muy pequeña.
Hay en Palacio Nacional todavía muchos argumentos para crecer la polarización nacional, entre ellos la reforma a la SCJN que volvería a confrontar a quienes el Presidente califica como los buenos o los malos mexicanos.