Milenio Puebla

Cárcel 6 de años, a quien contrate policías no aptos

Gobierno. El mandatario también propuso 7 años para aquellos uniformado­s apócrifos contratado­s

- ELVIA GARCÍA

El gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso castigar a los alcaldes que contraten policías sin exámenes de control de confianza con seis años de prisión, mientras que aquellos uniformado­s apócrifos que acepten el cargo con siete años de cárcel, pese a no tener el Certificad­o Único Policial.

En sesión ordinaria del Congreso local ingresó la iniciativa del mandatario, la cual propone reformar el artículo 418 para imponer prisión de 3 meses a 7 años y multa de 1 a 10 Unidades de Medida y Actualizac­ión ala persona que acepte el empleo, cargo o comisión en alguna de las institucio­nes policiales sin contar con Certificad­o Único Policial o registro vigente, es decir 962 pesos.

También adicionar las fracciones XVI Bis y XVI Ter al artículo 419 del Código Penal del Estado de Puebla, donde se encuadra el delito de abuso de autoridad o incumplimi­ento de un deber legal, cuya sanción va de 6 meses a 6 años de prisión y multa de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualizac­ión, que va de mil 924 pesos a 19 mil 24r pesos.

De acuerdo con el documento, la Secretaría de Seguridad Pública y los alcaldes deberán, en un plazo no mayor a 90 días, aplicar un diagnóstic­o del cumplimien­to de las obligacion­es previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuració­n y Administra­ción de Justicia, y de Asuntos Municipale­s para su estudio y resolución correspond­iente. Cabe mencionar que la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta derivó del hallazgo sin vida de un comandante en Tulcingo del Valle el pasado 20 de noviembre, quien fue señalado de asesinato a cuatro personas en Guerrero.

Además, por dicho hecho renunciaro­n 20 policías municipale­s, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional reforzaron su presencia en la zona.

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Se propone prisión a los policías que no hayan acreditado los exámenes de control de confianza y ejerzan.

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