PGR, con atraso de 70% en demandas de padres de los 43
Amagan con cancelar diálogo en octubre si no detienen a policías de Huitzuco y de la PF La procuraduría indicó que en el encuentro de ayer presentó avances y medidas de búsqueda
Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un retraso de 70 por ciento en las demandas que plantearon al titular de la dependencia, Raúl Cervantes, en mayo pasado. Destacó que la institución retomó la “línea correcta”, de manera tardía, sobre lo que planteó el Grupo Interdisciplinario de Ex- pertos Independientes (GIEI), por lo que advirtió que, de no darse detenciones de elementos de la policía municipal de Huitzuco y agentes de la Policía Federal adscritos a esa zona de Guerrero, que presumen participaron en la detención de algunos normalistas, no volverán a la mesa de diálogo prevista en octubre.
Por su parte, la PGR informó que en el encuentro se presentaron los avances de las acciones sobre el caso Iguala, así como las medidas instrumentadas para fortalecer la búsqueda de los jóvenes normalistas y la investigación.
“La reunión permitió actualizar a la CIDH y a los familiares de los estudiantes y sus representantes sobre distintos avances, incluyendo el fortalecimiento de la oficina que da seguimiento al caso en la PGR, así como la atención puntual a los aspectos contenidos en el cronograma acordado con la propia CIDH. Asimismo, el procurador reiteró que se continuará trabajando para agotar todas las líneas de investigación”, señaló la institución.
Luego de más de dos horas de reunión con el procurador e integrantes del mecanismo de seguimiento de la CIDH, entre ellos Esmeralda Arozamena de Troitiño y funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Rosales señaló que la PGR solo ha avanzado en lo referente a las líneas de investigación de las cámaras del C4 en Iguala, telefonía móvil y el quinto autobús.
Sin embargo, dichos avances son mínimos, porque de 25 cámaras que estaban instaladas en Iguala, solo seis funcionaban y los videos que hay no son nítidos.
Respecto al quinto autobús, línea que pidió abundar el GIEI, ya que se presume que otro grupo de estudiantes que viajaba en una camión de la empresa Estrella Blanca fueron llevados a una casa de seguridad, el representante legal de los padres comentó que dicha hipótesis se ha ido confirmando.
Tres gasolineras señaladas como propiedad de Othón Muñoz Bravo, alias El Cachetes, detenido por efectivos de la Marina el pasado 20 de agosto por robo de combustible, fueron clausuradas por el ayuntamiento de Puebla luego de que se detectó que incumplen con medidas de Protección Civil.
La titular de Contraloría municipal, Leticia Lorenzo Zamudio, evitó mencionar a quién pertenecen estos establecimientos, argumentando la necesaria protección de datos personales.
Señaló que se revisa el expediente con el que otorgaron las licencias y agregó que la clausura es independiente a las investigaciones de la fiscalía estatal.
En tanto, en Querétaro, la explosión de una camioneta que transportaba miles de litros de combustible dejó al descubierto una bodega que usaban los huachicoleros para ocultar lo que robaban de los ductos de Pemex.
En la zona oriente del municipio de San Juan del Río, Protección Civil y la Policía tomaron conocimiento, mientras que la camioneta quedó acordonada hasta que se presente personal de la fiscalía para iniciar las investigaciones y determinar las causas del incendio.
En Puebla, ejidatarios de 13 municipios demandaron a Petróleos Mexicanos, a la Procuraduría General de la República y a las secretarías de Salud y del Medio Ambiente atender la problemática originada por los derrames de ductos de petróleo, incendios y amenazas de los huachicoleros.
Aseguraron que han ocasionado daños a su salud y a sus tierras, por lo que advirtieron que, de no atender sus exigencias, cerraran los caminos e impedirán el ingreso de trabajadores de Pemex que dan mantenimiento a los ductos.
Informaron que levantaron más de 500 expedientes ante Pemex, de los cuales más de 60 por ciento fueron declarados improcedentes sin argumentos verídicos.