La SEP y Colegio de Ingenieros definen reglas para dictámenes
Aurelio Nuño, titular de Educación, llamó a no generar confusión y anunció que hoy se dará a conocer un mecanismo para transparentar la realización de peritajes en escuelas
Amás de una semana del sismo de 7.1 grados que afectó diversas zonas de la Ciudad de México, algunos de sus habitantes prefieren no regresar a sus hogares ni volver a clases, pues desconfían de los dictámenes sobre el estado de sus construcciones y de los peritos que los elaboran.
La Unión Nacional de Padres de Familia denunció ayer que supuestos peritos han tratado de aprovechar la situación y realizan cobros mayores a los que comúnmente se establecen.
Además, Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles A C, pidió que se realicen revisiones más amplias, profundas y detalladas antes de retomar clases, así como una investigación para saber si hubo omisiones graves de las autoridades en la construcción de inmuebles.
Al respecto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que se trata de “una opinión” respetable, pero llamó a la prudencia, la calma y a ser muy responsables para no generar confusión o preocupación en un momento muy delicado.
Puntualizó que la inspección que se realiza en las escuelas públicas y privadas para emitir el dictamen de seguridad estructural se hace de manera coordinada y con calidad entre el Gobierno de la Ciudad de México, las administraciones locales, la SEP y los directores responsables de obra (DRO), que cuentan con el acompañamiento del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Anunció que el gobierno capitalino asignará a partir de hoy a 30 directores responsables de obra exclusivos para la inspección de escuelas públicas y fijará reglas para evitar el abuso en el cobro de los dictámenes para las instituciones privadas.
Nuño reveló que habló con Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, sobre las quejas por abusos en los cobros de DRO a escuelas privadas, que llegaron a 40 mil pesos, con lo que el gobierno capitalino dará a conocer un mecanismo que permita un esquema transparente.
Autoridades de la SEP y brigadistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México AC recorrieron escuelas públicas y privadas de la ciudad para clasificar la condición en que se encuentran los inmuebles. Alrededor de 870 colegios públicos resultaron con algún daño, y de estos, 20 tendrán una intervención mayor. Florencio Hernández recordó que los dictámenes solo los pueden hacer los ingenieros y/o arquitectos que cuenten con autorización por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en el caso de la Ciudad de México, en coordinación con un corresponsable de seguridad estructural.
Además, dijo, hay una figura más que puede participar, que es el corresponsable en desarrollo urbano y arquitectónico, pues “solo así se tendría un dictamen seguro, serio y profesional”.
Consuelo Morales, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, denunció que han sufrido extorsión “por supuestos peritos” para realizar los peritajes de las escuelas particulares.
Señaló que 40 de esos colegios resultaron dañados, por lo que solicitó apoyo para los peritajes.
Refirió que un grupo de personas que llegaron en camionetas, con chalecos y cascos, intentaron sorprender a directivos de escuelas particulares para realizar el peritaje por el cual solicitaron el pago de 10 o 15 mil pesos.
Los directores les solicitaron identificación y papeles oficiales para permitirles el ingreso y al no contar con éstos “se ponían agresivos” pero se retiraban, agregó. Ayer, especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México organizaron brigadas de trabajo para inspeccionar las viviendas que resultaron dañadas.
El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Francisco García Álvarez, informó que las brigadas están lideradas por especialistas con más de 15 años de experiencia y coordinadas por peritos profesionales en seguridad estructural, que han revisado aproximadamente mil viviendas en toda la ciudad.
En algunos casos, la gente no confía en los dictámenes que se emiten a través de los Módulos de Atención Integral que instaló el Gobierno de Ciudad de México.
Es tal la incertidumbre que hay edificios y casas que cuentan con hasta cinco avalúos, todos con resultados diferentes, lo que provoca que mucha gente deje su patrimonio a la deriva.
Es el caso de Rosa González, de 84 años, que desde hace una semana dejó su departamento de la calle Amatlán, en la colonia Roma, para mudarse a un hotel, junto con dos amigas de la tercera edad.
Explicó que al edificio de ocho niveles donde vivía le hicieron dos estudios: uno concluyó que el lugar era habitable, mientras que el segundo determinó que era una zona de alto riesgo.
Zelyka Aparicio de Ferrara vivió 27 años en el edificio de avenida Coyoacán 614, el cual contaba con 25 departamentos y ahora está abandonado por riesgo de “colapso”. “Apenas el lunes el gobierno de la ciudad nos dio el grado de alto riesgo por el hecho de que tenemos un tanque de gas de 2 mil 700 litros a 70 por ciento de su capacidad y en caso de que alguna de las cinco columnas se debilite más, un derrumbe puede ser fatal para la zona”, manifestó.
Desde ese día han buscado un refugio entre amigos y familiares, a la espera de que las autoridades atiendan su caso.
En el caso de la primaria pública Jaime Nunó, ubicada en la calle Allende 120, de la colonia Ampliación Morelos, en la delegación Cuauhtémoc, ya está aprobada como inmueble seguro por autoridades capitalinas, pero los alumnos tienen miedo de regresar .
Hortencia, mamá de un alumno de quinto año, dijo que el sábado pasado la escuela recibió el documento que la aprueba como inmueble seguro, sin embargo, ahí mismo se especifica que “no es operable por las condiciones que presenta el edificio colindante que pertenece a la PGJ”.
También con miedo de volver a ocupar sus ocho pisos, al menos 50 trabajadores del edificio delegacional norte del Issste, ubicado en La Fragua en la colonia Tabacalera en Ciudad de México, pidieron a las autoridades del instituto dictámenes que les den certidumbre de seguridad para volver a laborar. En específico, exigen que el dictamen lo otorgue la brigada humanitaria de ingenieros suizos que están en México.
No les bastó la revisión que hace unos días realizó Protección Civil, que en un documento que se puede leer a la entrada, deter- [ [ minó que el edificio no presentaba daños estructurales, únicamente estéticos o superficiales. En otro caso, el parque El Salado, ubicado en la calle Isabel la Católica, esquina Diagonal 20 de Noviembre, recientemente remodelado se convirtió en un albergue “austero y con carencias” para más de 45 familias que perdieron su inmueble en el sismo.
A una cuadra hay un inmueble de tres pisos y 10 departamentos que ha sido desalojado por más de 20 personas. Vecinos denuncian que autoridades de Protección Civil no han llegado a hacer el dictamen de seguridad estructural, pese a que lo han pedido en cinco ocasiones.
Denunciaron que presuntos integrantes de brigadas del Gobierno de la Ciudad de México han intentado, por la noche, “ayudar a desalojar”, pero carecen de identificación.
En la calle de Tokio, en la colonia Portales, los vecinos esperan que las autoridades autoricen la demolición de una de las tres torres para que las otras sean apuntaladas y puedan regresar a sus actividades normales.
Desde el sismo de 1985, el edificio marcado con el número 517 quedó dañado y siguió habitado sin que se hicieran las remociones correspondientes.
“El dictamen que se le hizo fue demolición inmediata, pero falta un sello, firma o algo burocrático. Y las dos torres que se colapsaron siguen recargadas en nuestro edificio”, dijo Rocío, una de las afectadas.
Ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que a nueve días del sismo han recibido 931 denuncias sobre centros laborales con algún tipo de afectación.
Debido a ello, personal de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo ordenó la restricción de acceso en 33 empresas y otros lugares de trabajo. En 20 de ellas el cierre fue total.