Julia Carabias pide al Congreso un diálogo “incluyente y abierto”
“La norma debe impulsar alternativas para fortalecer la democracia”
El Senado mandó hasta la otra semana la discusión de la ley de seguridad interior; sin embargo, inició la revisión de la minuta enviada por los diputados con las organizaciones sociales que se oponen, así como con el Ejército, que defendió el proyecto y desmintió que se busque militarizar el país, al afirmar que la milicia no busca asumir funciones de policía, pero tampoco puede quedar con las manos amarradas para apoyar a la autoridad como algunos pretenden.
“Si el asunto ya se declaró que es un problema de seguridad interior, y que se requiere a las fuerzas armadas, ¡pues se requiere a las fuerzas armadas!, no a un remedo de ellas a la que les vamos a quitar sus cuestiones”, advirtió el director jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos.
En un mensaje poco usual de casi una hora ante las comisiones dictaminadoras y organizaciones ciudadanas, representantes del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el general Ramos desglosó artículo por artículo de los 34 que impugnan los defensores de los derechos humanos y de víctimas.
Sostuvo que no se trata de una ley para las fuerzas armadas, sino de un marco legal que requiere el Estado para enfrentar las amenazas a la seguridad interior y, por ello, no se puede desnaturalizar las funciones, adiestramiento o capacitación del Ejército o la Marina, porque si lo que quieren son policías, pues entonces que haya policías.
El general refrendó que el Ejército no quiere hacer funciones de policía, al sostener que el modelo de los últimos 10 años —que contempla la presencia de las tropas en las calles— no ha funcionado, porque se requiere de un enfoque integral, no reactivo, como se ha aplicado.
Ante los presidentes de las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda, el representante de la Sedena afirmó que si la seguridad interior es una función de las fuerzas armadas también, pues tanto el Ejército como, la Marina y la fuerza aérea tendrán que tener capacitación, adiestramiento y tropas especializadas para atender los temas de seguridad interior. “Pero como fuerzas armadas, no nos pidan que nos desnaturalicemos, que cambiemos nuestro adiestra miento y nuestros vehículos; si son blindados, pues hombre, con eso tendremos que salir”.
Ante los representantes del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab y Alan García; el jurídico de la CNDH, Rubén Pérez, así como líderes de organizaciones, entre ellos María Elena Morera, el general Ramos rechazó que se pretenda militarizar el país, como se señala.
Refirió que si hay un “comandante” en la ley, es porque así lo determina la Constitución, y se trata del Presidente. De manera que no se puede hablar de ambigüedades, porque todas las funciones castrenses están contenidas en la Carta Magna y otras legislaciones, como la Ley Orgánica del Ejército y la Armada, en los códigos penales y la Ley de Seguridad Nacional.
Asentó que la milicia no puede subordinarse a un policía auxiliar o bancario, por ejemplo, en una operación, ni va a participar en asuntos de inteligencia.
A su vez, los organismos sociales insistieron en que la minuta de ley de seguridad interior es ambigua y militarizará el país con una mayor violación de los derechos humanos, al destacar que la presencia de las tropas en las calles no ha resuelto el problema, sino que la violencia aumentó en los últimos años.
En entrevista, el coordinador priista Emilio Gamboa dijo que será hasta la próxima semana cuando el pleno del Senado discuta la ley para tener un análisis profundo y escuchar a las voces de la sociedad.
También advirtió que no se aprobará fast track, y respecto a las acusaciones de la ONU, expresó que esa es solo la expresión del representante del Alto Comisionado. “Sabemos a quien obedece, tiene huella”.m
El Senado entregó a Julia Carabias Lillo la Medalla Belisario Domínguez, que la convirtió en la sexta mujer en la historia en recibir el máximo reconocimiento del Estado.
En su discurso, la bióloga de la UNAM aprovechó para demandar, ante los representantes de los tres poderes de la Unión, abrir a un debate profundo e incluyente el contenido de la ley de seguridad interior, que reconozca la aportación de las fuerzas armadas, pero también permita impulsar alternativas en la procuración civil de justicia y respeto a los derechos humanos.
A nombre del Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, entregó a la galardonada la presea y el diploma que la acredita como integrante de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez.
Durante la sesión solemne, en la casona de Xicoténcatl y a la que asistió como testigo de honor el Presidente, Carabias Lillo destacó que con esa ley se debe encontrar una salida que reconozca la labor realizada por las fuerzas armadas, se intente reconstruir la seguridad y revertir el espiral de la violencia.
Casi al final de su discurso, indicó que la norma debe impulsar alternativas en la procuración civil de justicia para fortalecer la democracia, la seguridad pública, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, todo ello en consonancia con la Constitución. Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, y el de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín,
La ONU y organismos sociales insisten en que la minuta es ambigua y militarizará al país
dijo que si bien falta mucho por andar, las experiencias exitosas, resultado del trabajo y convicción de organizaciones y ciudadanos que actúan en todo el país, son una muestra de que se pueden hacer las cosas de manera distinta en beneficio de un futuro promisorio.
Antes, refirió que a pesar de los esfuerzos que se generaron en los 80 para desarrollar una agenda ambiental, las instituciones se han debilitado con presupuestos disminuidos, por lo que es necesario impulsar una política ambiental que considere a la ciencia y a sus científicos en la evaluación de las políticas de Estado para avanzar en cambios que permitan frenar el daño ambiental.
“No estamos ganando la batalla y el deterioro ambiental avanza más rápido que su freno y reversión”, expresó.
También mencionó que los daños a la pesca, ganadería y agricultura han provocado pérdidas de más de 90 por ciento de las selvas tropicales húmedas, 16 por ciento de los acuíferos —de los que depende la agricultura de riego y el funcionamiento de las grandes ciudades—, están sobre explotadas 83 por ciento de las pesquerías y 50 por ciento de los suelos tienen algún grado de erosión.
Por ello, destacó la urgencia de que la producción de alimentos incorpore criterios ambientales y una política de seguridad alimentaria sustentable que disminuya los impactos y respete los ecosistemas ambientales.