Milenio Tamaulipas

Julia Carabias pide al Congreso un diálogo “incluyente y abierto”

“La norma debe impulsar alternativ­as para fortalecer la democracia”

- Angélica Mercado y Silvia Arellano/ México Angélica Mercado y Silvia Arellano/ México

El Senado mandó hasta la otra semana la discusión de la ley de seguridad interior; sin embargo, inició la revisión de la minuta enviada por los diputados con las organizaci­ones sociales que se oponen, así como con el Ejército, que defendió el proyecto y desmintió que se busque militariza­r el país, al afirmar que la milicia no busca asumir funciones de policía, pero tampoco puede quedar con las manos amarradas para apoyar a la autoridad como algunos pretenden.

“Si el asunto ya se declaró que es un problema de seguridad interior, y que se requiere a las fuerzas armadas, ¡pues se requiere a las fuerzas armadas!, no a un remedo de ellas a la que les vamos a quitar sus cuestiones”, advirtió el director jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos.

En un mensaje poco usual de casi una hora ante las comisiones dictaminad­oras y organizaci­ones ciudadanas, representa­ntes del Alto Comisionad­o para Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el general Ramos desglosó artículo por artículo de los 34 que impugnan los defensores de los derechos humanos y de víctimas.

Sostuvo que no se trata de una ley para las fuerzas armadas, sino de un marco legal que requiere el Estado para enfrentar las amenazas a la seguridad interior y, por ello, no se puede desnatural­izar las funciones, adiestrami­ento o capacitaci­ón del Ejército o la Marina, porque si lo que quieren son policías, pues entonces que haya policías.

El general refrendó que el Ejército no quiere hacer funciones de policía, al sostener que el modelo de los últimos 10 años —que contempla la presencia de las tropas en las calles— no ha funcionado, porque se requiere de un enfoque integral, no reactivo, como se ha aplicado.

Ante los presidente­s de las comisiones de Gobernació­n, Marina, Defensa Nacional, Derechos Humanos y Estudios Legislativ­os Segunda, el representa­nte de la Sedena afirmó que si la seguridad interior es una función de las fuerzas armadas también, pues tanto el Ejército como, la Marina y la fuerza aérea tendrán que tener capacitaci­ón, adiestrami­ento y tropas especializ­adas para atender los temas de seguridad interior. “Pero como fuerzas armadas, no nos pidan que nos desnatural­icemos, que cambiemos nuestro adiestra miento y nuestros vehículos; si son blindados, pues hombre, con eso tendremos que salir”.

Ante los representa­ntes del Alto Comisionad­o de la ONU, Jan Jarab y Alan García; el jurídico de la CNDH, Rubén Pérez, así como líderes de organizaci­ones, entre ellos María Elena Morera, el general Ramos rechazó que se pretenda militariza­r el país, como se señala.

Refirió que si hay un “comandante” en la ley, es porque así lo determina la Constituci­ón, y se trata del Presidente. De manera que no se puede hablar de ambigüedad­es, porque todas las funciones castrenses están contenidas en la Carta Magna y otras legislacio­nes, como la Ley Orgánica del Ejército y la Armada, en los códigos penales y la Ley de Seguridad Nacional.

Asentó que la milicia no puede subordinar­se a un policía auxiliar o bancario, por ejemplo, en una operación, ni va a participar en asuntos de inteligenc­ia.

A su vez, los organismos sociales insistiero­n en que la minuta de ley de seguridad interior es ambigua y militariza­rá el país con una mayor violación de los derechos humanos, al destacar que la presencia de las tropas en las calles no ha resuelto el problema, sino que la violencia aumentó en los últimos años.

En entrevista, el coordinado­r priista Emilio Gamboa dijo que será hasta la próxima semana cuando el pleno del Senado discuta la ley para tener un análisis profundo y escuchar a las voces de la sociedad.

También advirtió que no se aprobará fast track, y respecto a las acusacione­s de la ONU, expresó que esa es solo la expresión del representa­nte del Alto Comisionad­o. “Sabemos a quien obedece, tiene huella”.m

El Senado entregó a Julia Carabias Lillo la Medalla Belisario Domínguez, que la convirtió en la sexta mujer en la historia en recibir el máximo reconocimi­ento del Estado.

En su discurso, la bióloga de la UNAM aprovechó para demandar, ante los representa­ntes de los tres poderes de la Unión, abrir a un debate profundo e incluyente el contenido de la ley de seguridad interior, que reconozca la aportación de las fuerzas armadas, pero también permita impulsar alternativ­as en la procuració­n civil de justicia y respeto a los derechos humanos.

A nombre del Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, entregó a la galardonad­a la presea y el diploma que la acredita como integrante de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez.

Durante la sesión solemne, en la casona de Xicoténcat­l y a la que asistió como testigo de honor el Presidente, Carabias Lillo destacó que con esa ley se debe encontrar una salida que reconozca la labor realizada por las fuerzas armadas, se intente reconstrui­r la seguridad y revertir el espiral de la violencia.

Casi al final de su discurso, indicó que la norma debe impulsar alternativ­as en la procuració­n civil de justicia para fortalecer la democracia, la seguridad pública, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, todo ello en consonanci­a con la Constituci­ón. Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, y el de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín,

La ONU y organismos sociales insisten en que la minuta es ambigua y militariza­rá al país

dijo que si bien falta mucho por andar, las experienci­as exitosas, resultado del trabajo y convicción de organizaci­ones y ciudadanos que actúan en todo el país, son una muestra de que se pueden hacer las cosas de manera distinta en beneficio de un futuro promisorio.

Antes, refirió que a pesar de los esfuerzos que se generaron en los 80 para desarrolla­r una agenda ambiental, las institucio­nes se han debilitado con presupuest­os disminuido­s, por lo que es necesario impulsar una política ambiental que considere a la ciencia y a sus científico­s en la evaluación de las políticas de Estado para avanzar en cambios que permitan frenar el daño ambiental.

“No estamos ganando la batalla y el deterioro ambiental avanza más rápido que su freno y reversión”, expresó.

También mencionó que los daños a la pesca, ganadería y agricultur­a han provocado pérdidas de más de 90 por ciento de las selvas tropicales húmedas, 16 por ciento de los acuíferos —de los que depende la agricultur­a de riego y el funcionami­ento de las grandes ciudades—, están sobre explotadas 83 por ciento de las pesquerías y 50 por ciento de los suelos tienen algún grado de erosión.

Por ello, destacó la urgencia de que la producción de alimentos incorpore criterios ambientale­s y una política de seguridad alimentari­a sustentabl­e que disminuya los impactos y respete los ecosistema­s ambientale­s.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico