“Grupúsculos pagados desde EU, tras los que la rechazan”
Afirma que es falso que la legislación busque militarizar al país, como lo señalan algunas organizaciones “que buscan en diversos países hacer política a través de la protesta social”
Samuel González Ruiz, especialista en temas de seguridad, dijo que es falso que la ley de seguridad interior busque militarizar al país como afirman algunas organizaciones que buscan en diversos países del continente hacer política a través de la protesta social.
El también ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República y hoy asesor de la asociación civil Alto al Secuestro, aseveró que detrás de los grupos que se oponen a la iniciativa del mencionado estatuto, forman parte de un grupúsculo pagado desde las ciudades estadunidenses de Washington y Nueva York. “¿Por qué se niegan a regular la ley? ¿Por qué tratan de boicotearla? La repuesta es muy simple y la van a encontrar, si le escarban verdad: es un asunto de algunas organizaciones incrustadas (como Amnistía Internacional) que tratan de llevar la protesta social en México y Estados Unidos y en otra parte de Latinoamérica, en un modo de generar política, es decir, grupúsculos pagados por especuladores financieros desde Washington y Nueva York, para que una serie de (otros) grupúsculos controlen en realidad la comunicación política. De eso se trata”, afirmó González Ruiz. Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro comentó que la ley que se propone para las fuerzas armadas es constitucional. “Lo que nosotros preguntamos es ¿a quién le conviene que no se apruebe esta ley? ¿Quién sale beneficiado con tener un vacío en este marco legal? Es una mentira que por el simple hecho de aprobar una ley se violen derechos humanos, no hay ninguna ley 1 1 que conceda permiso para violar derechos humanos”, expresó la activista social.
Recordó que antes de que el presidente Felipe Calderón le declarara la guerra al narcotráfico en 2006, el Ejército realizaba labores contra el crimen organizado, por lo que es falso que los soldados y marinos generen violencia, cuando los responsables de ésta son los narcotraficantes. “En Tierra Caliente, donde no había Ejército ¿por qué tuvo que entrar el Ejército? Porque Los Ardillos se apoderaron de toda la parte de Tierra Caliente, en donde Guerreros Unidos es el (grupo criminal) que manda; en Tamaulipas, quien no deja gobernar es el narco, son Los Zetas. Y créanme, si no hubiera sido por el Ejército hoy tendríamos no nada más alcaldes involucrados en el narco, tendríamos narcogobiernos. (Felipe) Calderón dijo algo que se me quedó muy grabado recién declaró el combate contra el narco: Si yo no actúo, el día de mañana perderemos territorio de nuestro país. Hoy hemos perdido parte de territorio…”, declaró la presidenta de la asociación.
Miranda mencionó que se reuniría con senadores para presentar un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se detalla que en 79 por ciento de los países de América Latina los ejércitos auxilian a la población en tareas de seguridad. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, se pronunció en favor de la ley de seguridad interior, al reconocer que es necesaria la presencia de las fuerzas armadas en algunas partes del país. “En lo personal estoy convencido que, sin ser la realidad que quisiéramos, la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones de nuestro país es absolutamente indispensable, (su presencia) son la única manera de enfrentar a esta delincuencia armada y empoderada”, señaló.
Campa aseguró que la violencia que ha generado el crimen organizado en los últimos meses demuestra la necesidad de contar con una ley que permita hacer frente al problema, pero sin olvidar la importancia de construir instancias civiles.
Por lo que aseguró que el reto que tiene enfrente el Senado es armonizar ambas necesidades que existen, ya que lo que está en riesgo es la tranquilidad de los ciudadanos, un tema que, dijo, es urgente para el país.