CNDH, por veto de Peña a la ley de seguridad interior
ONU solicita que la Corte revise la constitucionalidad de la norma
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, solicitó que se explique si con la ley de seguridad interior se resuelve el tema de la violencia, al considerar que todavía hay posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto ejerza la facultad del veto a la legislación.
Anunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un análisis constitucional y convencional para ver sí la ley cumple con los estándares internacionales; de lo contrario, solicitará la acción de inconstitucionalidad y que sea la Suprema Corte la que determine los artículos o la norma que pudiera ser motivo de esta acción. “Se trata de que todos tengamos certeza sobre lo que aprobó el Congreso”
Entrevistado al concluir la presentación del informe especial “Los desafíos de la migración y los albergues como oasis”, González Pérez fue cuestionado sobre los principios constitucionales y convencionales que se trastocarían con la ley, e insistió en que se espera que haya sensibilidad para que se dé el veto presidencial . “Haremos el mayor análisis en favor de que haya seguridad, es lo que deseamos todos los mexicanos, pero que el marco jurídico esté apegado a la convencionalidad y a la constitucionalidad”, agregó.
El titular de la CNDH destacó que “no se agota en una ley el tema de la seguridad... o que me digan ¿si con esto se revuelve la inseguridad?”.
También recordó que “está entre los pendientes el tema de procuración de justicia y las fiscalías que hoy son autónomas.
A su vez, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó a que en caso de que el proyecto de ley de seguridad interior fuese promulgado, los actores legitimados “interpongan acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El objetivo es que la norma sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
Al desaprobar la adopción del proyecto de la ley, consideró que fue votado mayoritariamente por ambas cámaras del Congreso “sin un debate real sobre su necesidad y contenido”.
Además reiteró que a la luz de las modificaciones realizadas, el proyecto de ley “presenta riesgos para el disfrute efectivo de los derechos humanos, pues no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación, genera confusión entre las nociones de seguridad nacional, interior y pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados.
La ONU-DH consideró que “a pesar del inédito consenso nacional e internacional contra el proyecto de ley, el Congreso consumó la adopción de la norma sin una deliberación efectiva”.