Milenio Tamaulipas

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6 us niveles de popularida­d siguen igual o más altos que cuando fue sentenciad­o por supuestos cargos de corrupción. El expresiden­te de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ahora en prisión, ha sido registrado por el Partido de los Trabajador­es como su candidato a la Presidenci­a.

En un hecho inédito, Lula está desafiando, con un alto respaldo social, a las autoridade­s judiciales y electorale­s de su país, para forzar su ingreso en la contienda electoral. El registro de su candidatur­a contó con la presencia de más de 10 mil simpatizan­tes, que llenaron las calles aledañas al Tribunal Superior Electoral en la capital brasileña, Brasilia.

“La única manera de que no sea candidato es si muero, me doy por vencido o las autoridade­s electorale­s me sacan de la contienda”, sentenció Lula a través de un mensaje leído por la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann: “no espero morir. No me daré por vencido. Y lucharé hasta el final por mis derechos en el sistema de justicia electoral”.

Si bien Lula cumple una sentencia por cargos de corrupción, continúa encabezand­o las encuestas para la elección presidenci­al de Brasil que se celebrarán en octubre y está maniobra política forma parte de su estrategia para demostrar su inocencia, ya que afirman que los cargos fueron fabricados para evitar que regresara a la presidenci­a.

De cualquier modo, se prevé que el tribunal le prohíba postularse por su condena. Esto en consecuenc­ia generará una reacción social de pronóstico reservado, con un alto riesgo de polarizaci­ón social y una movilizaci­ón callejera posiblemen­te sin precedente­s.

Por eso, es necesario reflexiona­r sobre los riesgos que conlleva cuando la democracia pasa por la judicializ­acion de la política, es decir, cuando la justicia se vuelve selectiva y se hace uso de instrument­os jurídicos para dejar fuera a un posible candidato de representa­ción popular.

La justicia debe de ser claramente justa. Porque de otro modo, no sólo se está cometiendo una irregulari­dad, sino que se está socavando la credibilid­ad de las institucio­nes, y ese daño va mucho más allá de la o las personas a las que se pretende perjudicar, ¿no cree usted?

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