“Asegurar el uso sostenible del agua es esencial para el desarrollo”
L os recientes trabajos en el Sistema Cutzamala, con motivo de los cuales se realizó un corte de agua que se prolongó más de lo esperado en Ciudad de México y su zona metropolitana, ponen de relieve el enorme reto que supone para el Estado satisfacer la demanda de agua en un contexto en el que el crecimiento poblacional, la urbanización, la contaminación de las fuentes hídricas y los efectos del cambio climático hacen cada vez más difícil una distribución equitativa y sostenible del vital líquido. El último informe mundial de la ONU sobre el desarrollo de los recursos hídricos apunta que la demanda de agua seguirá creciendo de manera significativa en las próximas dos décadas, mientras que su disponibilidad y calidad seguirán en descenso como consecuencia de la degradación de los ecosistemas, por lo que sugiere la adopción de soluciones basadas en la naturaleza, que permitan transitar a un enfoque más holístico en la gestión hídrica. Según datos del Inegi, en nuestro país más de dos millones de hogares no reciben agua por tubería, por lo que se ven obligados a acarrearla de otra vivienda, de una llave pública, de pozos, ríos, arroyos, lagos o lagunas —tarea que generalmente recae en mujeres y niños— o la obtienen mediante pipas. Esta dificultad que experimentan las familias más pobres para acceder al agua dificulta el goce de otros derechos como la vivienda adecuada, la salud o la educación y en tal sentido es esencial que esta problemática sea abordada desde un enfoque que coloque a la dignidad humana en el centro de las prioridades. Nuestra Constitución reconoce el derecho de las personas al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Lo anterior se traduce en diversas obligaciones para el Estado, tales como garantizar que los recursos hídricos naturales estén libres de contaminación y sustancias nocivas, no realizar cortes arbitrarios del suministro y establecer un sistema sostenible de abastecimiento y gestión del agua, que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar de ésta. Así, el abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; debe ser salubre, libre de microorganismos o sustancias que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas, así como tener un color, olor y sabor aceptables; debe ser accesible física y económicamente y suministrarse sin discriminación. Para ello se debe implementar —según lo ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU— una estrategia o plan de acción nacional
El reto es que debe ser accesible física y económicamente y suministrarse sin discriminación
basado en la normativa y los principios de derechos humanos, que abarque todos los aspectos del derecho al agua, con objetivos claros, metas y plazos para su consecución, y en la que se determinen los recursos disponibles, se formulen políticas públicas adecuadas y se establezcan mecanismos de rendición de cuentas, a través de los cuales el Estado explique la manera en la cual promueve la realización del derecho al agua. Adicionalmente, el agua debe ser concebida como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico, lo que implica proteger el acceso a las fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales y el acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales, salvaguardando su derecho a planificar, ejercer y controlar su acceso al agua y, en general, asegurar el derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar su ejercicio del derecho en cuestión, todo lo cual supone facilitar el acceso a la información pertinente. En definitiva, la ordenación de los recursos hídricos debe orientarse a que ningún grupo quede excluido y a ampliar progresivamente el acceso al agua en las zonas rurales y en las zonas urbanas desfavorecidas, por lo que los recursos disponibles deben invertirse en beneficio de un sector cada vez más amplio de la población. Los desafíos que se avecinan en esta materia son complejos y deben ser prioritarios en la agenda pública. Asegurar el uso sostenible del agua es esencial para la prosperidad y el desarrollo, pero es ante todo una cuestión de dignidad humana que no podemos soslayar.