AMLO comisiona a Arturo Herrera
Comparecencia. La defensa de la ex secretaria pide más tiempo para recabar pruebas; el lunes decidirán si la vinculan a proceso
El Presidente envía al secretario de Hacienda a convencer a líderes de los partidos políticos para que acepten reducir su presupuesto al menos 50%.
Desde hace cinco años, los “actos irregulares con apariencia de delitos” de Rosario Robles Berlanga y su equipo comenzaron a ser cuestionados.
En junio de 2014, la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y su primer círculo se reunieron con quien era auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
Durante el encuentro, el titular de la ASF enfatizó que las auditorías a la dependencia “estaban plagadas de irregularidades”.
Portal cuestionó en particular que su equipo, y señaladamente su oficial mayor, Emilio Zebadúa, “abusaban” del artículo 1 de ley de adquisiciones, al entregar recursos a universidades públicas “sin experiencia y sin perfil” para prestar los servicios requeridos.
—No es ilegal —aseguró Robles a Portal.
—No, pero hay una gran inconsistencia y una mala forma de operar —reviró el auditor.
Entonces Robles termiridos nó “abruptamente” la reunión, según declaró ante el Ministerio Público de la Federación, José Antolino Orozco Martínez.
Ayer, un fiscal federal contó el episodio en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, durante la audiencia inicial de Robles, quien escuchó, en momentos con gestos de fastidio, las acusaciones de la FGR.
La Fiscalía General de la República acusó que durante la gestión de Robles en la Sedatu y la Sedesol hubo una afectación al erario por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 25 centavos.
Los agentes del MP denunciaron que Robles omitió informar de manera “dolorosa” al presidente Enrique Peña de “conductas irregularidades” de servidores públicos bajo su cargo que derivaron daño al erario.
En varias ocasiones enfatizaron que la ex secretaria tuvo “pleno conocimiento y de manera reiterada” de “adquisiciones indebidas”, mediante convenios con universidades públicas.
“Servicios que no eran requey mucho menos prestados”, enfatizó la agente del MP, Teresa Maldonado Rodríguez.
Las declaraciones de subordinados de Robles son la base de las imputaciones de la FGR. En particular, de José Antolino Orozco.
También las declaraciones de María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Ibarra Infante fueron mencionadas por el MP como argumento para pedirle al juez que vinculara a Robles a proceso.
Los tres funcionarios de Sede sol y Seda tu, en su momento, asegura ronqueen reiteradas ocasiones dijeron a Robles de las anomalías.
Pero luego de más de siete horas y media de audiencia, la defensa de Robles solicitó la duplicidad del plazo constitucional para recabar más pruebas.
Al final de la diligencia, la ex secretaria pidió la palabra: “Estaba fuera del país, pero cuando me enteré de esta situación vine a enfrentarla. Estaré aquí el lunes como estuve hoy”, exclamó.
Por lo que el juez de control Jesús Delgadillo Padierna programó la próxima audiencia para el lunes a las 18:00 horas para definir si Robles es vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.